Youssef es una de las primeras personas que hace algo más de dos años okuparon el antiguo colegio de los Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene. Hasta su desalojo la semana pasada, el viejo instituto ha sido su refugio, que compartía con decenas de personas, en su mayoría magrebíes como él. Este lugar ha sido señalado como un foco de inseguridad. Él mismo dormía «con un ojo abierto» para velar por sus pocas pertenencias, consciente de que el instinto de supervivencia llevaba a algunos compañeros a robar para subsistir. «En Martutene había gente con estudios, también profesores, pero aquí no podían trabajar. Y el problema es que por ocho o diez que roban, la sociedad nos mete a todos los magrebíes en la misma bolsa. Es algo que no pasa con un ‘latino’, un chino o un pakistaní». De hecho insiste en que se le identifique como ‘magrebí’ «porque marroquíes, argelinos o tunecinos vivimos el mismo problema».

En dos años, Youssef ha visto de todo. Sobre todo «frío», «hambre», «enfermedades como asma o sarna» y «desesperación». Una angustia por comprobar que nada es como lo imaginaban cuando se subieron a una patera. Al llegar aquí, la vida no avanza según sus planes sino al ritmo que marcan las leyes y la burocracia. «Vienes con toda la ilusión de trabajar y ayudar económicamente a la familia» que dejaron atrás, «pero ves que no es posible» sin papeles, argumenta. A poco más de un mes de acabar sus estudios de hostelería, ve la luz para empezar a regularizar su situación a partir de febrero. Otros no acaban de salir del túnel. «Nadie viene a robar. He visto a muchos chicos que ni fumaban ni bebían pero, tras verse en la calle, a los meses acababan bebiendo, fumando y robando. También está la presión de tener que enviar dinero a casa, porque muchas veces las familias venden vacas o tierras para que su hijo llegue a Europa y les ayude desde aquí. Hay casos que me dan pena».

Youssef, que ha encontrado una habitación donde seguir su vida, está acompañado por Garazi e Ibone, dos voluntarias de la red de acogida y cenas solidarias de Donostia, que les guían en su peregrinaje por servicios sociales para encontrar un techo, una ayuda, unos estudios. En el colectivo en riesgo de exclusión social, «hay conductas que no se pueden justificar» y que estas mujeres atribuyen a «un 20%» de estos jóvenes. «Pero cuando conoces sus realidades, llegas a comprenderles. Es muy duro tener que estar dos años en la calle, y más si tienes una policía que constantemente te está identificando por ser magrebí. Muchas veces se sienten tan cansados, a tal nivel de exclusión, que buscan que la policía les detenga para descansar esa noche en el calabozo».

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El magrebí, que tiene la visión reflexiva que le da haber cumplido los 40 años, asiente mientras sorbe un café. «He visto a chicos hacer como que rompen la ventanilla de un coche o lo que sea cuando pasa la patrulla que hace ronda a las 2 de la mañana para que los detengan. A veces, como la policía ya sabe el truco, pasan de largo», explica en un castellano bastante correcto. «Otros directamente roban porque no tienen nada. Y prefieren ir a la cárcel, donde tienen asegurado un plato de comida, una ducha, una cama, un médico, ropa limpia…».

«A veces roban por la presión de enviar dinero a su familia, a la que no cuentan cómo viven aquí –apostillan Ibone y Garazi–. Algunos llegan a perder la perspectiva de lo que está bien o no, y da pena ver ese deterioro personal», que tratan de evitar. «Cada uno es un mundo, y requiere una atención personal. Pero a menudo se les trata por igual. Si uno rechaza ir a un albergue, no significa que rechace ser ayudado. Sucede igual con las familias: a veces no se dejan ayudar hasta que toca fondo».

Cuando abandonó Marruecos, Youssef buscaba «ayudar a mi madre, que está enferma, no puede andar y necesita una operación». Cruzó el estrecho desde Nador a Almería, y tras peregrinar por Perpignan, Bélgica y Luxemburgo, recaló en Donostia. Curiosamente, se ha quedado donde «más difícil» parece abrirse camino. «Quienes vienen por Turquía y los Balcanes, cuentan lo mismo: que es aquí cuando se han visto por primera vez en la calle –añade Garazi–. Aunque en otros países también cuesta conseguir papeles, tienen la opción de valerse por sus medios: trabajan y ahorran para el viaje. Aquí no pueden», y se ven en la tesitura de penar en la calle hasta lograr un arraigo que les abra las puertas a un sistema que a veces resulta hostil. «Cuando acceden a un recurso, la amenaza siempre es echarles a la calle». Y fuera acecha «una gran vigilancia policial. Los identifican cada dos por tres, muchas veces sin motivos, y cada cacheo genera recelo hacia este colectivo. Si hicieran controles a la entrada de un instituto, ¿no encontrarían marihuana en las mochilas? ¿Y hablaríamos de delincuencia?»