Hace meses un grupo de personas procedentes de Malí vivieron a la intemperie en el barrio de Amara. Lo mismo está ocurriendo ahora en Vitoria. … Que las instituciones no sean capaces de dar respuesta inmediata a algo tan crudo como que en pleno mes de diciembre haya seres humanos durmiendo en la calle es desolador.

Y esto sucede en jornadas internacionales importantes: 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes. Asistiremos sin duda a discursos y eslóganes conciliadores por parte del Gobierno, a declaraciones de compromiso solemne con los derechos humanos y a golpes en el pecho sobre cómo el PNV y el PSE son referente en estas materias.

Mientras presumen del modelo vasco de protección social, delegan en la ciudadanía aquello que es responsabilidad directa de las instituciones. Porque si algo se ha convertido en costumbre es que las situaciones más extremas –las que afectan a quienes menos tienen– queden en manos de la solidaridad ciudadana. Una solidaridad que es enorme, generosa y admirable, pero que nunca debería sustituir a la obligación institucional. La situación en Vitoria, por poner un ejemplo, no debería sostenerse sobre mantas y comida donadas por redes vecinales improvisadas, que suplen lo que el Gobierno no quiere o no sabe garantizar.

Vivimos en un país profundamente solidario sí, que sale a la calle sin dudar ante cada injusticia, pero vivimos también bajo un Gobierno que se dice defensor de las causas justas, de los derechos humanos, mientras toma decisiones que golpean directamente a los más débiles. No es un lapsus ni un error puntual. Es el mismo Gobierno que ha desalojado a un centenar de personas en Martutene sin alternativa digna de techo. Es el mismo que colocó vallas en las canchas de Atxuri en Bilbao para impedir el acceso a personas sin hogar; el mismo que incumple sistemáticamente el acuerdo de Eudel en los ayuntamientos y se niega a poner en marcha el empadronamiento social, pese a las recomendaciones del Ararteko y la necesidad urgente de abrir esa puerta de acceso a cualquier derecho a tantas personas que viven en nuestro país.

No estamos hablando únicamente de un fallo administrativo. Estamos hablando de un modelo que genera exclusión, que produce políticas que expulsan, apartan y empujan hacia la marginalidad. Un modelo que mira hacia otro lado mientras señala a quienes migran, o los considera un problema antes que personas. Un modelo que estrangula la acogida, que levanta obstáculos en lugar de garantizar derechos, que criminaliza la pobreza y permite que las derechas marquen el marco del debate. Un modelo de país que no tiene ninguna intención de abordar los problemas estructurales, los determinantes sociales y las cuestiones de fondo que generan grietas y desigualdades.

Tanto el ‘palo al delincuente’ de Aburto en 2023 como las recientes palabras del consejero Zupiria, reclamando dureza contra las personas desarraigadas, que desde su punto de vista no quieren integrarse, revelan una misma mirada: una visión que prefiere el castigo a la prevención, el señalamiento a la responsabilidad institucional. Son discursos profundamente clasistas y castigadores, como si la integración dependiera únicamente de la voluntad individual y no de las condiciones materiales de vida. Una forma de responsabilizar a quienes menos tienen de todos los males, de señalar al vulnerable en lugar de interrogarse sobre las fallas estructurales que los condenan a la exclusión.

Ahora el Gobierno también insiste en el abordaje de la multirreincidencia. Un abordaje que no pone el foco en los determinantes sociales, ni en la prevención, ni en la desigualdad, ni en la pobreza, ni en la falta de recursos, ni en la exclusión que ellos mismos contribuyen a generar. El foco es el palo, el endurecimiento, el castigo. Y se sabe que la desigualdad no se combate llenando las cárceles, sino construyendo derechos.

La multirreincidencia que defiende el PNV funciona como cortina de humo: señala a individuos concretos para no hablar de las condiciones materiales que los empujan a la marginalidad. Sirve para criminalizar, no para entender. Para estigmatizar, no para transformar. Para endurecer penas, pero nunca para garantizar derechos. Y mientras, en paralelo, colocan vallas, expulsan a gente de espacios públicos, bloquean el empadronamiento y dejan a jóvenes migrantes dormir en la calle.

Por eso exigimos responsabilidad, coherencia y políticas públicas reales. No queremos discursos para el 10 o el 18 de diciembre. Queremos un Gobierno que deje de mirar para otro lado, que abandone la política del palo y que empiece a trabajar de verdad para que nadie se quede fuera.