La legislación está y, si funciona, se mantiene y, si no, se cambia". Esta reflexión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la Comisión de Interior del Congreso, ya sugería el pasado 31 de agosto la disponibilidad del Gobierno a estudiar un endurecimiento de la ley de extranjería que ayude a frenar la entrada ilegal de inmigrantes a España. El momento de llevarla a cabo ha llegado. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se mostró ayer dispuesto a acometer un cambio legislativo que “obedezca al consenso” de las fuerzas parlamentarias. El lunes, el PP propuso endurecer la legislación para dificultar la permanencia en España de los inmigrantes que ingresan ilegalmente.

PRIMER PROBLEMA
El Ejecutivo está poniendo buena parte de sus energías en atajar el fenómeno de la inmigración ilegal que, tras cuatro meses de llegada de cayucos a las costas canarias, se ha convertido en el problema que los ciudadanos sitúan en el primer puesto de sus preocupaciones. La responsabilidad de lograrlo ha recaído en la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, que en las últimas semanas se ha erigido en la cabeza visible de la ofensiva gubernamental contra el fenómeno de la inmigración ilegal.
En una reunión con el Grupo Socialista, De la Vega ofreció ayer al PP “un gran pacto nacional por la inmigración” para buscar soluciones consensuadas y eliminar el asunto de la pugna política. La propuesta no obtuvo el aplauso del PP, pese a que la víspera fue su líder, Mariano Rajoy, quien llamó a endurecer la legislación de extranjería para frenar la avalancha de irregulares.

REGULARIZACIÓN “EJEMPLAR”
El popular Eduardo Zaplana replicó a la vicepresidenta que su oferta de pacto por la inmigración “llega tarde”, y exigió que el Gobierno “reconozca su error” antes de plantear un diálogo. El “error” que el Ejecutivo debería asumir como tal, según el PP, es la última regularización laboral de inmigrantes, que sacó de la economía sumergida a cerca de 600.000 trabajadores extranjeros. Lejos del consejo de Zaplana, De la Vega animó a los diputados socialistas a defenderla “con orgullo”, porque “fue ejemplar”.
La oferta de pacto al PP y la disposición a revisar la ley de extranjería son los últimos eslabones de una cadena de iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo para afrontar la llegada masiva de inmigrantes sin papeles. La avalancha ha sido especialmente visible en Canarias, con el atracar diario de cayucos rebosantes de subsaharianos. Por eso fue ayer López Aguilar, futuro candidato del PSOE a presidir el archipiélago, quien avanzó la disponibilidad del Gobierno a endurecer la ley de extranjería si todos los partidos coinciden en que ello paliaría el problema.
El efecto de las imágenes de la llegada de subsaharianos a Canarias, junto a la saturación de los centros de acogida y a las acusaciones de “ineficiencia y descoordinación del Gobierno” lanzadas por el PP, ha encendido la luz roja en la Moncloa. La vicepresidenta ha tomado las riendas y, además de acudir a la Unión Europea (UE) a reclamar ayuda, ha convocado a los grupos parlamentarios a una ronda de contactos para analizar la cuestión. También ha ordenado analizar todos los aspectos que influyen en la inmigración para buscar posibles puntos mejorables, incluida la vigente legislación de extranjería.

REPATRIACIÓN Y DISUASIÓN
También fue De la Vega quien inauguró la dureza en el lenguaje que ha instaurado el Gobierno en el último mes. Fue la primera en decir que “quienes entren ilegalmente, serán repatriados”, una advertencia a la que se han sumado desde José Luis Rodríguez Zapatero hasta José Blanco; y en recordar que la regularización de inmigrantes no se repetirá. Dos aspectos -facilitar la repatriación e impedir las regularizaciones- sobre los que podría pilotar un endurecimiento de la ley de extranjería que el PP tendría difícil rechazar. Reforma que serviría para tranquilizar a los ciudadanos y para disuadir de su intento de venir a España a los inmigrantes potenciales.