La vicepresidenta primera desempolvó ayer la vieja propuesta de Rodríguez Zapatero de suscribir con el PP un gran pacto nacional de inmigración, pero no tuvo éxito. El portavoz del partido opositor, Eduardo Zaplana, consideró tardía la oferta y puso unas condiciones difíciles de asumir por el Gobierno: exigió un reconocimiento de los «errores» cometidos y apartar al ministro de Trabajo de las competencias en extranjería. María Teresa Fernández de la Vega propuso el acuerdo en plena crisis migratoria en Canarias y días después de que el Ejecutivo endureciera su discurso en materia de inmigración. La vicepresidenta informó en una reunión con los parlamentarios del PSOE.

En su intervención, De la Vega se mostró convencida de que los populares estarán dispuestos a sellar ese gran acuerdo puesto que, explicó, «todas las medidas anunciadas por el señor Rajoy son medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha».

De esta forma dio a entender que el Ejecutivo aceptará reformar la Ley de Extranjería para prohibir nuevas regularizaciones masivas, tal y como pidió el líder de la oposición el lunes.

Pero la respuesta del PP no tardó en llegar. Zaplana avanzó el " no" de su partido al relatar qué condiciones exige para firmar. El PP no suscribirá el acuerdo a menos que al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se le retiren las competencias en materia de extranjería.

El portavoz del PP, que en varias ocasiones ha solicitado el cese del ministro, se limitó en esta ocasión a pedir que se le aparte de esta gestión.

El Consejo de Ministros ya acordó el pasado viernes retirar al Ministerio de Trabajo las competencias de la lucha contra la inmigración clandestina y la cooperación internacional con la creación de una nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, que formará parte del Ministerio del Interior.

Más requisitos

Una variación en el esquema inicial del Gobierno que deja a Caldera la gestión de la inmigración legal en lo que afecta a la Seguridad Social y a los planes de integración de los extranjeros documentados.

Además de esta exigencia, Zaplana instó al Gobierno socialista a «reconocer su error, poner orden en su propia casa y atender las propuestas sensatas que hace el PP».

No obstante, y aunque no rechazó abrir un diálogo sobre la inmigración, adelantó que «es muy difícil que pueda haber acuerdo» si los responsables gubernamentales no asumen que han cometido «errores».

Antes de conocer la respuesta del PP, María Teresa Fernández de la Vega instó a los socialistas a mostrarse orgullosos de la legalización de 600.000 inmigrantes que puso en marcha el Ejecutivo porque, según dijo, a diferencia de las cinco regularizaciones que hizo el PP en sus ocho años de gobierno, en ésta sólo se dio papeles a los extranjeros con trabajo.

Además, defendió haber resuelto la crisis de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla con respeto al derecho internacional y haber concienciado a la Unión Europea de que éste es un problema que afecta a todos los socios comunitarios.

La vicepresidenta ratificó que el Gobierno evitará que sigan entrando indocumentados en España y expulsará a quienes crucen la frontera de forma ilegal.

Pidió comprensión y explicó que el Ejecutivo no sólo combate las avalanchas con medidas a corto plazo, como la vigilancia y el control de las fronteras, sino que además apuesta por políticas a medio y largo plazo con recursos a los países de origen para ayudar al África subsahariana.