Diversas entidades sociales y formaciones políticas denuncian que el Ayuntamiento de Alicante está denegando de forma ilegal el empadronamiento a las personas que no presentan una autorización de todos los propietarios de la vivienda en que residen.

Elena Bronchalo, del Sindicato del Barrio de Carolines explica a La Vanguardia que aquellas personas que viven de alquiler en habitaciones o pisos y no pueden aportar una certificación del propietario, o propietarios si son más de uno, ven rechazada su solicitud aunque aporten recibos, informes médicos o incluso un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales del propio ayuntamiento, que debería ser suficiente para acreditar la residencia.

Asegura que se llegan a aportar cinco, diez “hasta veinte pruebas sólidas de tu domicilio y Estadística, Servicios Sociales y la Policía Local las ignoran”. “Te piden un informe especial de Servicios Sociales, que los propios trabajadores de ese departamento dicen desconocer y se niegan a hacer”, o solicitan un informe policial “que nunca llega”. Preguntado al respecto, el departamento de Bienestar Social no ha respondido a este diario.

Esto genera a los interesados numerosos problemas a la hora, por ejemplo, de obtener el SIP definitivo de Sanidad que te asigna un centro de salud, y en el caso de los inmigrantes impide que comience a contar el plazo de dos años de empadronamiento que es necesario para lograr un permiso de trabajo. Se da el caso de personas que ven rechazada su solicitud pese a contar con  un contrato de alquiler, porque el arrendador no consta como dueño de la vivienda porque en el Registro de la Propiedad no se ha inscrito como tal y figura aún un propietario anterior.

Manolo Copé, concejal de EU – Podem, opina que “el Ayuntamiento está vulnerando la ley y bloqueando el derecho al empadronamiento de cientos de personas. Y lo está haciendo con prácticas que no aparecen en ninguna norma, que contradicen de forma frontal las instrucciones del INE y que golpean, sobre todo, a la gente más humilde y a las personas migrantes”.

El edil asegura que “la situación es tan absurda como injusta: se exige a las personas que quieren empadronarse que presenten una autorización de todos los propietarios de la vivienda, como si el padrón fuera un permiso del casero y no un derecho garantizado por la legislación estatal. No existe ningún respaldo legal para esta exigencia. Es una traba creada por el propio Ayuntamiento para expulsar del sistema a quienes considera ciudadanos de segunda”.

Copé tiene previsto presentar al pleno municipal una declaración institucional que abogue por acabar con estas trabas, porque “nadie necesita permiso del dueño de su casa para empadronarse. Nadie debe quedar fuera del padrón por ser pobre, por ser migrante o por no encajar en el prejuicio de quien tramita su expediente”. Señala que “detrás de cada denegación hay hijos que no pueden matricularse en la escuela, personas que no pueden renovar su permiso de trabajo, familias que quedan invisibles a ojos de la administración. Lo que se está generando no es orden, es sufrimiento evitable. Es discriminación institucional”.