Magnus Brunner (Höchst, Austria, 1972) recibe a EL MUNDO, junto a un número reducido de medios de diferentes países de Europa, apenas unas horas después de que el Consejo Europeo aprobase el avance de los centros de deportación de inmigrantes fuera de la Unión Europea. Al estilo, por lo tanto, de los ya desarrollados por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y junto a esa actuación también se tramitó el nuevo reglamento de terceros países seguros. Todo ello deberá ser ratificado por el Parlamento, algo que se antoja muy probable, y por estas medidas empieza la conversación con el Comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración.

“Ayer [en referencia al lunes] fue un gran día para la política europea. Acordamos varias propuestas importantes que realmente cambiarán la política migratoria. El reglamento de retorno, que es clave, el concepto de tercer país seguro, la lista de países seguros…”, señala el responsable comunitario.

Esta batería de medidas, y especialmente los centros de retorno, generaron una gran polémica cuando Italia los comenzó a aplicar. Pero lo cierto es que ahora mismo gozan de una gran aceptación en la UE, que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los propuso como una “solución innovadora para la gestión de la migración” y España es el único país que se ha mostrado abiertamente en contra de esta actuación. El Gobierno de Pedro Sánchez se queda sólo en Europa también en la cuestión migratoria.

Brunner celebra asimismo la aprobación del fondo de solidaridad migratoria. “Es una parte muy importante”, explica, aunque evita entrar muy de lleno en una cuestión muy relevante: las cifras en este punto se han rebajado, algo que tampoco ha gustado al Ejecutivo español. Según el Reglamento, cada año se deben producir 30.000 reubicaciones desde los países más presionados, que son España, Chipre, Grecia e Italia. Pero los ministros de Interior de los 27 acordaron el lunes que las cifras se reducirían a 21.000 personas y 440 millones.

La razón oficial es que el primer ciclo de gestión de la migración se aplicará a partir de junio de 2026, esto es, que abarcará medio año. Y la reducción fue aprobada por una “amplia mayoría”. Pero a España no le resultó en absoluto satisfactorio y el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que el “contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”. Pero tampoco aquí su posición fue ni mucho menos la dominante.

“Y luego tenemos la Conferencia Internacional de la Alianza Global para Combatir el Tráfico de Migrantes, que celebramos mañana [por hoy] con más de 80 delegaciones de cinco continentes. Más de 50 han respaldado ya la declaración conjunta. Y con esto estamos dando el siguiente paso para luchar contra los traficantes y enviándoles una señal clara: su modelo de negocio ya no va a funcionar”, retoma Brunner.

“¿Qué quiero decir con esto? Está, por ejemplo, la parte digital. El trabajo de los traficantes se ha desplazado cada vez más al mundo digital”, prosigue. “Mañana habrá representantes de Meta y TikTok, por ejemplo. Los traficantes crean noticias y oportunidades falsas en las redes que incitan a la gente a arriesgar su vida. Es vital trabajar con ellos”, expone Brunner.

Y por supuesto, está el dinero. “Siempre se trata de dinero, lo sabemos, y por eso hay que seguir el dinero. Centrarse en estos flujos ilícitos es clave”, continúa el responsable de la familia popular, que ofrece algunas cifras muy ilustrativas. “El precio que debe pagar una persona migrante puede ser de 5.000 euros en un barco en el que viajan un total de 200 personas. Y eso suma una cifra total muy elevada. En lanchas rápidas el dato puede ser de 12.000, 13.000 o hasta 15.000 euros por persona. Es muchísimo dinero. La inmigración ilegal es, después del narcotráfico, el segundo negocio ilícito más lucrativo. Se estima que mueve entre 5.000 y 7.000 millones de euros al año”, expone.

Un tercer punto de la cita de hoy, apura Brunner, es “la migración legal y la movilidad laboral”. “Nuestro EU Talent Pool, que acabamos de acordar, es importante para la migración laboral. Es una iniciativa concreta de la Unión Europea para ayudar a las empresas europeas a contratar trabajadores cualificados del extranjero. Encontrar vías legales hacia nuestra economía, porque necesitamos migración legal para nuestros mercados laborales en los próximos años”, ahonda.