La aprobación por parte de los ministros de Interior de la UE de un paquete de medidas que da más poder a los Veintisiete para expulsar a los solicitantes de asilo que han visto rechazada su solicitud como para crear centros de deportación y recepción de inmigrantes fuera de la Unión es un paso atrás en la defensa del proyecto europeo como garantía de respeto a los derechos humanos. El acuerdo — adoptado con la oposición de algunos países, entre ellos España— supone la constatación de cómo el discurso de la extrema derecha ya ha contaminado a gobiernos de diferente signo político en el interior de la Unión.En lo fundamental, es la normalización del antes polémico proyecto que la populista italiana Giorgia Meloni ya ensayó en Italia. Además, los peticionarios de asilo pueden ser deportados a un Estado con el que no tengan nada que ver y se reforma el concepto de “país seguro”, de manera que los provenientes de países que figuren en la nueva lista de la Unión verán denegada su solicitud con mayor celeridad. Dada la proverbial lentitud del Consejo de la UE a la hora de adoptar cualquier resolución, llama la atención la rapidez —en una sola y maratoniana sesión— con la que se ha aprobado un conjunto de medidas que modifican sustancialmente una política clave de la UE como la migratoria.Los defensores de esta línea dura aseguran defender “soluciones innovadoras”, un eufemismo que trata de ocultar —si bien con poco éxito— las viejas políticas de cerrojazo y deportación que, demostradamente, se han revelado ineficaces. Eso por no mencionar, como recordó el ministro del Interior español y jurista, Fernando Grande – Marlaska, que los denominados “centros de retorno” generan “serias dudas jurídicas” sobre la efectiva protección de los derechos de los afectados.El Parlamento Europeo debe ratificar lo acordado este lunes, pero el daño ya está hecho. Aun en el improbable caso de que las medidas fueran rebajadas significativamente, el endurecimiento de la política migratoria es un proceso en marcha. Pese a todo, la UE no puede olvidar que está obligada a garantizar que el trato a los inmigrantes —tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas cuando se usen sus fondos— se ajuste escrupulosamente a las normas europeas sobre derechos humanos. Y esto no puede ser objeto de negociación.