Confiscar las joyas de los solicitantes de asilo, construir centros en países no comunitarios para quitarse de en medio a los migrantes a los que se quiere deportar; detener durante tres meses a solicitantes de asilo tras arriesgar su vida en el mar, complicar los trámites de nacionalidad; abrir la puerta a encerrar en prisiones comunes a personas que no han cometido ningún delito… Son algunas de las medidas debatidas en los últimos meses a lo largo y ancho de una Europa que, tras años de blindaje sin éxito, sigue apostando por endurecer aún más las políticas migratorias como vía para reducir las llegadas irregulares y contentar a la extrema derecha. 

En lo que va de año, varios países europeos han anunciado distintas normativas nacionales para reducir la inmigración: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Países Bajos, Grecia, Italia han impulsado iniciativas que reducen los derechos de las personas migrantes… Incluso España, que mantiene la distancia de la línea dura promovida por la extrema derecha, también aprobó una reforma que, aunque favorece la regularización de miles de personas, desincentiva a su vez el acceso al asilo de miles de personas, ante la nueva penalización que sufren quienes reciben una denegación de su petición.