La Unión Europea avanza en dirección contraria a la que defiende España. También en inmigración. Este lunes, los ministros de Interior de los 27 países que integran la UE han aprobado un reglamento que endurece de manera muy notable las políticas en esta materia, y en el que se incluyen los centros de deportación al estilo de los ya desarrollados por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Albania.

La actuación ha salido adelante junto con la nueva definición de “tercer país seguro”, actuación con la que está directamente relacionada y que posibilitará que los Estados puedan deportar a migrantes a países extracomunitarios desde los que puedan tramitar su asilo, incluso, aunque no tengan ningún tipo de vínculo con esa nación ni la hayan atravesado para llegar a Europa. En este listado de países se ha incluido a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como todos los países candidatos a entrar en la UE, lo que incluiría a Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Serbia o Turquía.En este punto sobre tercer país seguro España sí ha recibido el apoyo de Portugal y Francia durante la discusión. Pero no ha ocurrido así en el punto de los centros Meloni, en donde ningún ministro ha querido tomar la palabra. Pero fuentes del Ejecutivo confirman que Marlaska se ha mostrado igualmente en contra.

Según Interior, Marlaska ha expresado “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los centros de retorno, que además podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen. El ministro también ha apuntado que el reglamento de tercer país seguro “rompe” con la integridad del pacto migratorio “antes de que haya echado a andar”. La medida, inciden desde el Ejecutivo español, plantea dudas jurídicas sobre el respeto a los derechos y obligaciones de los solicitantes de protección internacional.

Pero esa no es para nada la postura que impera en la UE, y así lo ha puesto de manifiesto Rasmus Stoklund, el ministro de Interior de Dinamarca, país que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo. “Estamos experimentando un alto flujo de migrantes irregulares y nuestros países están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo o sufren abusos a lo largo de las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas acumulan fortunas. Esto demuestra que el sistema actual genera incentivos perversos y un fuerte efecto llamada, difíciles de eliminar. Dinamarca y la mayoría de los Estados miembros de la UE han defendido la idea de tramitar las solicitudes de asilo en terceros países seguros”, ha señalado.

La actuación deberá ser ahora refrendada por el Parlamento Europeo, punto que no se antoja en absoluto complicado. Y es la continuación a la estrategia que ya en marzo presentó la Comisión Europea cuando, respondiendo a las “soluciones innovadoras para la gestión de la migración” que pidieron los Estados miembros, según señaló el Ejecutivo de Ursula von der Leyen. “Esta propuesta introduce la posibilidad legal de devolver a un tercer país a personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una decisión definitiva de retorno, sobre la base de un acuerdo o convenio celebrado bilateralmente o a nivel de la UE”, añadieron.Y a todo ello hay que sumar que, también este lunes, los 27 han aprobado reubicar a 21.000 migrantes desde los países que sufren una mayor presión así como una asistencia financiera de 420 millones, cifras que están por debajo de las 30.000 reubicaciones y 600 millones que propuso la Comisión y que apoya España.

El debate en Europa, por lo tanto, se sigue alejando de las posiciones españolas. En migración, donde el Gobierno de Pedro Sánchez defiende cooperar con los países de origen y aplicar políticas menos restrictivas, pero también en el ámbito de la transición verde, que en el pasado pareció que iba a ser fundamental pero que cada vez tiene menos peso. Y, por supuesto, en la cuestión de la Defensa, en donde la inmensa mayoría de los países apuesta por elevar de manera muy sensible el gasto militar pero mientras que el Gobierno sostiene que no irá más allá del 2% del PIB.