Los Veintisiete avanzan con paso firme hacia

el endurecimiento de sus políticas migratorias

, en un movimiento que parece querer contener el auge de la extrema derecha en el bloque. Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Interior de los Estados miembros de la UE para culminar una revisión histórica del

Pacto de Migración y Asilo.

Las medidas aprobadas en el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior darán a las capitales herramientas más eficaces para impulsar las devoluciones y permitirá la creación de

centros de retorno fuera de las fronteras de la UE. Estas nuevas leyes “tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE”, según indicó el Consejo en un comunicado.

La migración ha sido, precisamente, uno de los ejes centrales de la presidencia semestral del Consejo de la UE, ejercida por Dinamarca hasta final de mes. “Tenemos un flujo muy elevado de migrantes irregulares y nuestros países están bajo presión. Miles se están ahogando en el mar Mediterráneo o sufren abusos a lo largo de las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas ganan fortunas”, dijo este lunes el ministro danés de Inmigración e Integración,

Rasmus Stoklund. "Esto demuestra que el sistema actual crea estructuras de incentivos poco saludables y

un fuerte factor llamada"

, añadió.

Los titulares de Interior de la UE alcanzaron un acuerdo sobre la revisión del reglamento de retorno, dando luz verde a un marco legal que permitirá a los Estados miembros, si así lo solicitan,

firmar convenios con países extracomunitarios

para crear centros de detención de migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. Con esta medida – a la que se opuso España – se abre la puerta a que los gobiernos europeos puedan negociar con terceros países la instalación de centros de internamiento, incluso en lugares sin vínculo alguno con las personas que serán trasladadas.

El “tercer país seguro”

Los Veintisiete alcanzaron además un consenso en torno a dos iniciativas legislativas sobre los “países seguros”. La revisión del concepto de "

tercer país seguro

" amplía los casos en los que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. Esto permitirá denegar la solicitud si el solicitante pudiera haber recibido protección internacional en un país no perteneciente a la UE considerado seguro.

Según las normas actualizadas, los Estados podrán

aplicar el concepto basándose en tres opciones

: si existe una “conexión” entre el solicitante y el tercer país; si el solicitante transitó por el país antes de llegar a la UE; o si existe un acuerdo o arreglo con un tercer país seguro que garantice el examen de la solicitud de asilo. Un solicitante que apele una decisión de inadmisibilidad basada en este concepto ya no tendrá derecho automático a permanecer en la UE durante el proceso de apelación.

Además de los ministros de Portugal y Francia, el titular español,

Fernando Grande – Marlaska

, votó en contra de esta normativa al estimar que “rompe la integridad” del pacto de migración y asilo antes siquiera de que “empiece a andar”.

Durante el intenso Consejo también se pactó una lista de países de origen considerados seguros. Se asume que los solicitantes de esos países tienen protección suficiente contra el riesgo de persecución o violaciones graves de sus derechos fundamentales. La lista incluye a

Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Túnez

, y a los países candidatos a la adhesión a la UE (menos aquellos involucrados en un conflicto armado).

Ayuda a los países bajo “mayor presión migratoria”

Por otra parte, se alcanzó un acuerdo político sobre el “contingente anual de solidaridad”, un mecanismo diseñado para

apoyar a los países bajo mayor presión migratoria

, entre los que se encuentra España. El contingente contempla tres vías de ayuda – reubicaciones, contribuciones financieras y medidas alternativas – entre las que cada Estado miembro puede elegir o combinar según sus capacidades.

Los titulares del ramo acordaron un paquete de solidaridad para 2026 que

incluye 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros,

cifras sensiblemente inferiores a los 30.000 traslados y 600 millones inicialmente propuestos. Según señaló el Consejo, este ajuste responde a que el primer año del nuevo ciclo de gestión migratoria comenzará a aplicarse plenamente a partir del 12 de junio de 2026, coincidiendo con la entrada en vigor total del pacto. Los acuerdos alcanzados este lunes abren paso ahora a las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo para acordar un texto legal definitivo.