Pedro Sánchez, líder socialista y presidente del Gobierno, no se cansa de repetir que está decidido a agotar la legislatura y esperar hasta su término oficial, previsto en el 2027, para convocar elecciones legislativas. Alberto Núñez Feijóo, el líder conservador y jefe de la oposición, no deja pasar un día sin atribuir a Sánchez todo tipo de fechorías, negarle cualquier dignidad y exigirle el inmediato anticipo de los comicios. Así estamos desde el inicio de la legislatura, e incluso desde antes, sin que se produzcan en la escena política los cambios mayores a los que uno se resiste y que el otro reclama sin tregua. Pero lo cierto es que, guste o no, dicha escena política va a empezar a moverse: para el próximo día 21 están convocadas elecciones autonómicas anticipadas en Extremadura.

La cita extremeña es importante por sí misma. María Guardiola (PP), presidenta de la Junta de aquella comunidad, ha adelantado las elecciones coincidiendo con un momento de debilidad del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, implicado en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Es importante porque Guardiola aspira a conseguir una mayoría absoluta que le permita gobernar sin el auxilio de Vox, evitando así que la formación ultraderechista le imponga su agenda política. Si lo consigue, será una buena noticia para el PP. Si no, lo será para Vox, cuya hipótesis feliz pasa por hacerse imprescindible para el PP en sucesivas comunidades, con la vista puesta en las legislativas y la posibilidad de repetir la jugada a escala nacional.

Las elecciones extremeñas son también importantes porque inauguran un nuevo ciclo electoral. Los últimos comicios celebrados en España tuvieron lugar en el 2024. Este año no los ha habido, ni los habría sin el anticipo extremeño, tras el cual hay previstas otras citas con las urnas: la de Castilla y León para marzo, la de Andalucía para junio. Y está por ver si la habrá también en Aragón. La posibilidad electoral se ha desvanecido de momento en la Comunidad Valenciana, después de que el PP aceptara las exigencias de Vox en materias como la inmigración o la crisis climática, peaje pagado para poder convertir a su candidato, Juanfran Pérez Llorca, en relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

Cada uno de los resultados en estos combates autonómicos es relevante, puesto que, como ya se apuntó, se integran además en el marco de la política nacional, en el que la hipótesis de un gobierno de derechas, encabezado por el PP y respaldado, de un modo u otro, por Vox, parece plausible. Hasta la fecha el PP, a diferencia de lo que hacen otros partidos mayoritarios de la derecha en países vecinos, ha aceptado, con tal de poder formar gobierno, los requerimientos de Vox.

Ocurra lo que ocurra en Extremadura –el último sondeo del CIS vaticina hasta un 60% del voto para la derecha, sin precisar si el PP podrá gobernar en solitario, además de un ruidoso batacazo para los socialistas–, y de no mediar nuevas revelaciones sobre corrupción que pudieran resultar insoportables para el PSOE, entra dentro de lo probable que Pedro Sánchez siga en el palacio de la Moncloa, y que tanto PP como Vox cosechen resultados satisfactorios.

Si así fuera, si la hipótesis de un gobierno del PP con apoyo de Vox fuera cobrando cuerpo en varias comunidades, cabría preguntarse si el nuevo ciclo electoral que ahora se inicia va a desembocar en un nuevo ciclo político, con claro dominio de la derecha en las instituciones de gobierno españolas, o si la imposición de los criterios de Vox en las políticas públicas acabará por suscitar un decisivo rechazo social.

Porque la agenda del partido de Santiago Abascal, aunque hoy ensancha la intención de voto entre los electores más jóvenes, puede cosechar también el rechazo de amplias capas ciudadanas convencidas de que las políticas para combatir la crisis climática son muy insuficientes y comprometen el futuro del planeta; que los avances de la mujer en nuestra sociedad deben ser irreversibles, o que los inmigrantes son seres humanos y merecen los derechos propios de su condición.

El nuevo ciclo electoral se inicia en una atmósfera política viciada, y nada indica que vaya a serenarse pronto. Pero no podemos olvidar que tras esa crispación que todo lo empaña siguen vigentes preocupaciones colectivas fundamentales que son las que deberían centrar el debate y orientar la actividad de los políticos, cuyo fin último no es erosionar al rival, sino mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.