La Xunta de Galicia aumentará en un 73% el número de plazas para acoger inmigrantes procedentes de Canarias. En la actualidad, el Ejecutivo autonómico cuenta con 34 plazas en Vilagarcía, Ourense y A Coruña, y en lo que va de año han pasado por las mismas un total de 139 subsaharianos. La previsión es que a principios de octubre estén en funcionamiento otras 25, que estarán ubicadas en Ourense, A Coruña y en la provincia de Pontevedra, en concreto en el área de Vigo.


Este fue el compromiso adquirido anoche por el secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, durante la tercera reunión de la comisión mixta Gobierno – Autonomías celebrada en Madrid. El encuentro del Ejecutivo central con los responsables autonómicos para analizar el traslado de inmigrantes irregulares de Canarias a la Península concluyó con un compromiso mayoritario de los ejecutivos autonómicos para incrementar las plazas de acogida. A partir de ahora, cada autonomía informará al Gobierno central de forma bilateral de cuántas plazas más va a poner en la red, según explicó tras concluir el encuentro la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. Sólo La Rioja, que hasta ahora no ha acogido inmigrante alguno, aseguró que no participará en este programa de traslados. En este sentido, Manuel Luis Rodríguez afirmó que el Ejecutivo gallego apuesta por la inmigración legal y controlada, pero apeló al principio de corresponsabilidad en una situación anómala.


Aunque las comunidades gobernadas por el PP, principalmente Madrid y Valencia, insistieron en saber cuántos clandestinos quiere el Gobierno traspasar desde el archipiélago a las islas, el Ejecutivo central no quiso desvelar la envergadura de la operación, destinada a rebajar la presión en los centros de las islas. No obstante, fuentes de Moncloa adelantaron que el Gobierno espera que las comunidades dupliquen sus plazas, tal y como han prometido las oenegés, hasta tener disponibles 4.000 para los próximos meses.


Los responsables gubernamentales no dudaron en utilizar las cifras para intentar presionar a las comunidades y recordaron a los responsables autonómicos que de los 12.876 subsaharianos trasladados este año desde las islas, sólo 2.475 han sido acogidos por centros gestionados por las comunidades, mientras que el resto, 10.449, han pasado por instalaciones dirigidas por oenegés. Estos reproches parecieron calar entre los consejeros autonómicos. Todos los representantes, incluidos los del PP, coincidieron en la necesidad de continuar los traslados.


Buena parte de la reunión se centró en la cuestión económica. Las consejeras de Madrid y Valencia, Lucía Figar y Alicia de Miguel, además de acusar al Ejecutivo central de ocultar los datos sobre las evacuaciones previstas y de trasladar a más del 80% sin papeles a comunidades del PP, denunciaron que sólo han recibido la mitad del dinero prometido por el Gobierno central para los programas de apoyo a la acogida – 182 millones de euros – , aunque esta partida se aprobó en febrero. El argumento económico exasperó a los responsables del Gobierno central, que recordaron que el Ejecutivo ha multiplicado por 25 el dinero que el Ejecutivo de José María Aznar daba a las autonomías para hacerse cargo de los subsaharianos. En particular arremetieron contra la Comunidad de Madrid, que sólo acoge al 2% de los trasladados pese a haber recibido 40 millones de euros.