La decisión de revelar el origen de los detenidos por la Ertzaintza se ha convertido en las últimas semanas en el motivo de otro choque … más entre el PNV, impulsor de la iniciativa en el Departamento de Seguridad, y el PSE – EE, en contra por la estigmatización que puede causar entre la población inmigrante. El socio minoritario de la coalición sigue apelando a que se revierta ese paso, pero al mismo tiempo se esfuerza en que este asunto no genere una nueva crisis en el Gobierno vasco y evita por ahora hacerse la foto con EH Bildu y Sumar, a los que sí se unió hace un mes en la polémica del centro de refugiados de Vitoria.

El Parlamento vasco ha debatido este jueves una moción de la coalición soberanista que instaba al Ejecutivo autonómico a «desistir» en su renovada política comunicativa. Sumar iba más allá y en su enmienda pedía incorporar «criterios antirracistas» en los protocolos comunicativos de la Ertzaintza e impulsar procesos de formación en el cuerpo. Ambos textos han sido rechazados con los votos de PNV, PP y Vox, todos ellos favorables a ofrecer los datos con «transparencia», pero también con los del PSE – EE, que se ha visto abocado a hacer auténticos equilibrios para argumentar su ‘no’ pese a compartir el espíritu de lo propuesto.

La socialista Miren Gallastegi ha antepuesto que la decisión del Departamento de Seguridad es «un paso que ni compartimos ni creemos acertado». Lo ha cuestionado en términos de seguridad, porque «la nacionalidad no es un factor criminógeno» y sólo serviría para reforzar «un vínculo falso y espurio etre inmigración y delincuencia», pero también en términos puramente políticos, por ser «una cesión a la extrema derecha», que querría los datos «para manipularlos y convertirlos en un arma» frente a la población migrante. «No hay menor transparencia que la que ofrece un dato descontextualizado», ha criticado.

Ahora bien, en un tono mucho menos combativo que el empleado en las últimas semanas por Eneko Andueza o el vicelehendakari Mikel Torres, acto seguido la parlamentaria del PSE – EE ha dejado claro su propósito de no echar más leña al fuego en esta discrepancia con el PNV: «Nuestra pretensión no es dar un bofetón al consejero (Bingen) Zupiria». A EH Bildu y Sumar, que le interpelaban directamente para que explicara su negativa a sus respectivos textos, les ha emplazado a «no equivocarse de adversario» y a redirigir sus críticas a PP y Vox, a los que ha acusado de alimentar el «relato del miedo por un puñado de votos».

Más allá de evidenciar el esfuerzo por rebajar el tono de los socialistas, aún más comprometidos después de que Salvador Illa haya decidido aplicar la misma medida en los Mossos d’Esquadra, el debate también ha reflejado prácticamente un ‘todos contra todos’ en el que la mayoría de golpes han ido a parar al PNV. Por la izquierda, Nerea Kortajarena (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar) le han acusado de «romper consensos», de dar «explicaciones cambiantes», de tomar esta decisión «por cálculos electorales»…; y por la derecha, pese a estar de acuerdo con este paso, Ainhoa Domaica (PP) y Amaia Martínez (Vox) han hablado de «decisión improvisada», «cinismo», «estafa ideológica»…

A todas esas acusaciones ha respondido el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, cuya mera salida a la tribuna, poco habitual en las sesiones ordinarias de los jueves, daba la medida de que los jeltzales buscan encarar este debate sin remilgos. Ha definido el debate como «surrealista» porque podía resultar «la primera vez» que los grupos de la oposición pedían al Gobierno vasco que no diera unos datos. «¿Dicen que hay que ocultar los datos a la sociedad? ¿Es que no tenemos una ciudadanía madura en este país?», se ha preguntado tras defender la medida como un ejercicio de «transparencia».

Antxustegi ha llegado a definir a Zupiria como «uno de los responsables de Seguridad más valientes del Estado» ya que, a su modo de ver, estaría «afrontando retos y no desde la comodidad». También ha asegurado que «sería un error relacionar la seguridad con una ideología en concreto» y ha sacado a la palestra el programa electoral de EH Bildu para las autonómicas del año pasado, en el que cargaba contra la «falta de transparencia» del Departamento e incluso pedía la creación de una agencia de datos públicos: «Si eso no es un cambio de criterio…».