El Gobierno hizo ayer un llamamiento urgente a todas las comunidades autónomas para que aumenten «al máximo» su capacidad de acogida de clandestinos procedentes de Canarias a fin de aliviar la presión migratoria sobre las islas. Los secretarios de Estado de Inmigración y Seguridad, Consuelo Rumí y Antonio Camacho, insistieron en que el Ejecutivo «quiere más colaboración en el traslado de inmigrantes», pero rechazaron comprometer más dinero a los ejecutivos autonómicos.

La tercera comisión mixta Gobierno – Autonomías sobre los traslados de inmigrantes de Canarias, que hoy convocó en Madrid a los consejeros de las 17 comunidades, no pasó de una reunión exploratoria en la que el Ejecutivo tanteó a las autonomías para saber cuál es el máximo de inmigrantes que estarían dispuestos a acoger.

Aunque las comunidades gobernadas por el PP, principalmente Madrid y Valencia, insistieron en saber cuántos clandestinos quiere el Gobierno traspasar desde el archipiélago a las islas, ni Rumí ni Camacho quisieron desvelar la envergadura de la operación destinada a rebajar la presión en los centros de las islas. No obstante, fuentes del Ejecutivo adelantaron este lunes que el Gobierno espera que las comunidades dupliquen sus plazas, tal y como han prometido las ONG, hasta tener disponibles unas 4.000 para los próximos meses.

Los responsables de Interior y Trabajo no dudaron en utilizar las cifras para intentar presionar a las comunidades y recordaron a los responsables autonómicos que de los 12.876 subsaharianos trasladados este año desde las islas, sólo 2.475 han sido acogidos por centros gestionados por las comunidades mientras que el resto, 10.449, han pasado por instalaciones dirigidas por organizaciones no gubernamentales.

Estos reproches parecieron calar entre los consejeros autonómicos. Todos los representantes, incluidos los del PP, coincidieron en la necesidad de continuar los traslados desde Canarias por “solidaridad” y “corresponsabilidad” con las islas. Las comunidades gobernadas por los socialistas fueron más allá. En particular, Andalucía y Extremadura prometieron que acogerán a más inmigrantes. Las autonomías ‘populares’ no se negaron a hacerse cargo de más extranjeros, aunque dijeron querer esperar a saber cuántos clandestinos quiere evacuar el Gobierno desde Canarias para implicarse más en el proceso, una cifra que, como muy pronto, se conocerá a mediados de la próxima semana. Sólo La Rioja, que hasta ahora no ha acogido inmigrante alguno, aseguró que no participará en este programa de traslados.

Cuestión de dinero

Buena parte de la reunión se centró en la cuestión económica, un asunto espinoso que terminó enfrentando a las comunidades socialistas y populares. Las consejeras de Madrid y Valencia, Lucia Figar y Alicia de Miguel, además de acusar al Ejecutivo central de ocultar los datos sobre las evacuaciones previstas y de trasladar a más del 80 por ciento de los sin papeles a comunidades del PP, denunciaron que sólo han recibido la mitad del dinero prometido por el Gobierno central para los programas de apoyo a la acogida (182 millones de euros), aunque esta partida se aprobó en febrero. La representante andaluza, Evangelina Naranjo, señaló que el Ejecutivo autonómico ha debido adelantar buena parte del dinero prometido, aunque se mostró convencido de que los fondos llegarán.

El argumento económico exasperó a los responsables del Gobierno central. Camacho recordó que el Ejecutivo ha multiplicado por 25 el dinero que el Ejecutivo de José María Aznar daba a las autonomías para hacerse cargo de los subsaharianos y arremetió en particular contra la Comunidad de Madrid, la que más crítica se muestra con la política de extranjería del equipo de Rodríguez Zapatero.

El secretario de Estado dijo que Madrid sólo acoge al dos por ciento de los trasladados y que sin embargo ha recibido 40 millones de euros, por lo que la administración central ha pagado más de 175.000 euros por clandestinos recibido en la comunidad de Esperanza Aguirre.