El Gobierno británico da un paso más en su estrategia de control fronterizo al introducir

un nuevo paquete de medidas

que permitirá a los agentes de inmigración registrar la ropa, los objetos personales e incluso el interior de la boca de los migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones. Downing Street considera que estas facultades son necesarias para reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas, pero su alcance ha generado un intenso debate público y jurídico debido a que también podrían aplicarse a menores.

La ampliación de estos poderes forma parte de la nueva

Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración que el Ejecutivo

, una estricta normativa anunciada por el Ejecutivo laborista ante el auge del populismo de derecha radical de Nigel Farage que, entre otros, incluye la introducción de un estatus temporal de asilo, la reducción de apelaciones y una reinterpretación de artículos clave del Convenio Europeo de Derechos Humanos para evitar apelaciones en los tribunales.

Aunque los laboristas disponen de una amplia mayoría absoluta es Farage quien con apenas cuatro diputados está marcando la agenda en Westminster con un discurso antiinmigración con el que

lidera las encuestas de opinión

debilitando cada día más al premier Keir Starmer, quien podría enfrentarse a una moción de confianza de sus propias filas ante la crisis de liderazgo.

El Tribunal Supremo determinó que el Ministerio del Interior actuó ilegalmente en 2022 – cuando gobernaban los conservadores – al aplicar una política general, no publicada, para

confiscar los teléfonos móviles de los recién llegados

en pateras. Los funcionarios declararon entonces que el propósito de las incautaciones de teléfonos era obtener información sobre los traficantes. La sentencia obligó al entonces Gobierno tory a suspender la práctica y

devolver miles de teléfonos. La nueva legislación responde en gran medida a ese vacío legal: busca regularizar por ley la facultad de incautar dispositivos e incluso ampliarla con nuevas formas de registro físico, que antes no estaban contempladas.

En este sentido, según el secretario de Estado de Seguridad Fronteriza y Asilo,

Alex Norris,

“estos nuevos poderes permitirán a las fuerzas del orden confiscar los teléfonos de los migrantes ilegales antes de una detención, lo que nos permitirá recopilar información y desmantelar estas viles bandas de traficantes antes de que intenten arriesgar más vidas en estos peligrosos viajes”.

Las ONG critican la medida: “Es una acto de brutalidad”

Pero Sile Reynolds, directora de defensa del asilo en la ONG

Freedom from Torture

, considera que “utilizar poderes invasivos para registrar la ropa, e incluso el interior de la boca, de personas desesperadas y traumatizadas que acaban de sobrevivir a una aterradora travesía por el Canal de la Mancha es un acto de brutalidad distópica”. “Estos nuevos poderes, que se utilizarán indiscriminadamente contra todos aquellos que llegan en busca de seguridad en pequeñas embarcaciones, corren el riesgo de tratar a todos los refugiados como una amenaza para la seguridad. Este flagrante desprecio por el derecho humano universal a la privacidad es indignante”.

Un refugiado sirio declaró a The Guardian que

nunca había oído hablar de ningún solicitante

de asilo que haya escondido una tarjeta SIM en la boca. “Cuando cruzamos el Canal de la Mancha, los traficantes nos dijeron que borráramos todo de nuestros teléfonos. La gente con teléfonos baratos simplemente los tiraba al mar, mientras que quienes tenían teléfonos decentes los dejaban con amigos en el norte de Francia y les pedían que los enviaran por DHL si llegaban sanos y salvos al Reino Unido. Creo que esto es un espectáculo de (la ministra de Interior) Shabana Mahmood”.

Los agentes de inmigración, la policía y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) podrán registrar los teléfonos de los migrantes en la frontera sin arrestarlos, según informaron. También podrán aplicar las

nuevas órdenes provisionales de prevención de delitos graves

y tomar medidas inmediatas para prohibir a los sospechosos investigados el uso de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y el acceso a las redes sociales.

400.000 peticiones de asilo desde 2021

Desde 2021, más de 400.000 personas han pedido asilo en el Reino Unido, una cifra que

triplica la de la década anterior. Las pequeñas embarcaciones concentran la atención mediática, pero representan el 39 % de los casos; otro 37 % llega legalmente con visado y solicita protección una vez en territorio británico.

El Gobierno está convencido de que, si no actúa con rapidez, Farage seguirá monopolizando la narrativa. Y es precisamente esa presión lo que muchos consideran el mayor peligro: un Ejecutivo con mayoría absoluta legislando con el miedo más que con la calma que prometió aportar. El premier Starmer, el abogado meticuloso que prometió devolver la estabilidad, se encuentra ahora arrastrado por la misma corriente populista que pretendía frenar.