MARIANO Rajoy presentó ayer durante su discurso ante la Junta Nacional del PP una serie de propuestas encaminadas a tratar de paliar la gravedad de la inmigración irregular. El principal partido de la oposición exhibe esta vez una meritoria capacidad de respuesta para articular una alternativa al fracaso de la política de un Gobierno sobrepasado por su propia gestión en un asunto que ya es el primer problema para los españoles.

El presidente del PP propondrá en el Congreso y en el Senado modificar la ley para prohibir las regularizaciones masivas, así como devolver todas las competencias al Ministerio del Interior, comprobado el desastre sin paliativos del Ministerio de Trabajo, cuyo titular, Jesús Caldera, es responsable de un proceso de regularización que iba a ser la «envidia de Europa» y ha provocado, sin embargo, la amonestación casi en bloque de la UE. Hoy por hoy, la inmigración irregular se ha convertido en un problema de seguridad y de orden público, por lo que, acertadamente, Rajoy propondrá fortalecer los controles en las fronteras, especialmente en aeropuertos y el paso de la Junquera, lugar de entrada de la mayoría de inmigrantes ilegales. Asimismo, el líder de la oposición apuesta por generalizar los equipos mixtos de Policía existentes en varias naciones de la Unión Europea, y desplegar el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) en las Islas Canarias antes de 2008. Se trata, en suma, de un cambio radical de enfoque, lejos de la cándida retórica de un Ejecutivo que pensó que el problema de la inmigración se resolvía con apelaciones demagógicas trufadas de lugares comunes. Durante meses, el Gobierno se empeñó tozudamente en trasladar la idea de que el «efecto llamada» no se iba a producir, pese a que los datos demostraban cada día lo contrario; cuando el «efecto llamada» se convirtió en evidencia contable, el Ejecutivo se resistió a aceptar la realidad y se inventó un nuevo fenómeno, el «efecto huida», para tratar de ocultar su propia impericia e insolvencia tras el drama personal de quienes, empujados por el hambre y la miseria, se ven obligados a abandonar sus países.

El problema de la inmigración no se puede concebir como una mera gestión de ayudas asistenciales, por lo que la propuesta de Mariano Rajoy tiene todo el sentido en los momentos actuales. Acierta, sobre todo, porque en la memoria colectiva de los españoles queda la imagen de un PP que durante sus años de gobierno gestionó con probada eficacia, y en líneas generales, los problemas cotidianos de los españoles. Es ahí donde Rajoy debe centrar su labor de oposición: en ofrecer planes y medidas concretas en todo un abanico de materias (educación, sanidad, vivienda, inmigración…) en las que el centro derecha puede y debe hacer valer su condición de seria alternativa de Gobierno.