La Administración de Donald Trump ha encontrado una nueva justificación a la que aferrarse para expandir su agenda nativista tras el tiroteo de la semana pasada cerca de la Casa Blanca, en el que un hombre afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional. En la última de las medidas propuestas en la última semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha planteado ampliar la lista de países sujetos al veto migratorio, que en la actualidad se encuentra en 19, hasta los 32, según avanzan varios medios estadounidenses.

“Acabo de reunirme con el presidente. Le he recomendado un veto migratorio total sobre cada maldito país que ha estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y parásitos de las prestaciones sociales”, publicó Noem en sus redes sociales. “Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad —no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, expriman hasta el último dólar de nuestros impuestos ganados con esfuerzo o arrebaten los beneficios que pertenecen a los estadounidenses. No los queremos. A ninguno”.

La lista de nuevos países cuyos ciudadanos enfrentarán restricciones de viaje a Estados Unidos todavía no ha sido anunciada. En la actualidad, los que enfrentan restricciones totales o parciales son Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Durante su última reunión de gabinete del año, que se ha alargado tres horas, Trump ha dicho este martes que no quiere inmigrantes de países en los que “se matan entre ellos”, incidiendo en una idea racista que ha expresado en el pasado. El presidente ha asegurado que los países en la lista tienen controles “deficientes” para la emisión de pasaportes y otros documentos públicos, por lo que no se puede confiar en ellos.

No es la única medida planteada a raíz del tiroteo ocurrido la semana pasada en Washington, presuntamente a manos de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que trabajó con EE.UU. en Afganistán, se reasentó en el estado de Washington durante la administración de Joe Biden y posteriormente obtuvo asilo bajo la administración Trump.

La semana pasada, el servicio de inmigración estadounidense anunció que volverá a examinar todas las green cards –documentos de residencia permanente– expedidas a personas de los 19 países que actualmente figuran en la lista negra. Trump también amenazó con “detener permanentemente” la inmigración desde “países del tercer mundo”.

En sus declaraciones tras el tiroteo en Washington, el mandatario ha insistido en una nacionalidad en concreto: los somalíes, cuyas “pandillas” están “causando muchos problemas” y “tomando completamente el control”, concretamente del estado de Minnesota, el que tiene mayor porcentaje de personas con ascendencia somalí. Después de que The New York Times haya informado en exclusiva que las redadas migratorias de la Administración van a centrarse a partir de ahora sobretodo en los somalíes en Minnesota, Trump ha incidido este martes en su desprecio hacia el país: “Somalia apenas es un país. No tienen… no tienen nada. Simplemente van por ahí matándose entre ellos. No hay estructura”.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Noem, ha anunciado que la administración revisará todos los casos de asilo aprobados durante el mandato de Biden. El director de la agencia de inmigración y ciudadanía, Joe Edlow, anunció la semana pasada una directriz actualizada que autoriza a los funcionarios del servicio migratorio “a considerar factores específicos de cada país como factores negativos significativos al revisar solicitudes migratorias”. Un día después, Edlow anunció que EE.UU. iba a paralizar todas las decisiones de asilo “hasta que podamos asegurar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

Todas estas medidas llegan a un mes de la entrada en vigor de la llamada “gran y hermosa” ley de rebaja fiscal y de gasto impulsada por Trump y aprobada en verano en el Capitolio. Esta medida casi cuadruplicará el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de los 10.000 millones de dólares anuales a los 37.500 millones en cada uno de los próximos cuatro años.

La astronómica cifra convertirá al ICE en la mayor agencia federal de aplicación de la ley del mundo, con un presupuesto anual superior al combinado de todas las demás agencias de su tipo en el país: Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Marshals, la Agencia Antidrogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el FBI. A partir de enero, de hecho, el presupuesto de la policía migratoria de Trump será superior al gasto militar de la mayoría de países del mundo, situándose en el puesto 16 del ranquin mundial, a pesar de no ser un ejército.