Las pésimas condiciones de los asentamientos de chabolas donde viven más de 3.500 trabajadores migrantes de la potente agricultura de invernadero almeriense han soliviantado a los consumidores de uno de los países que más compran sus frutas y hortalizas, Reino Unido. Más de un millar ha firmado una carta dirigida al alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP), para exigirle que restaure de forma inmediata toda la red de suministro de agua en el que es el mayor asentamiento de la provincia, Atochares, con más de 500 habitantes.

Hace un año, la organización británica Ethical Consumer, que promueve un consumo responsable, mandó otra carta al alcalde de Níjar para pedirle explicaciones por el cierre de los puntos de acceso al agua en Atochares que habían sido instalados en parte con donativos recogidos por la asociación. Ese cierre obligaba a los inquilinos de las chabolas, después de una dura jornada de trabajo en los invernaderos con uso de pesticidas incluido, a abastecerse en una fuente situada junto a la carretera y cargar desde allí garrafas de agua durante cerca de un kilómetro para poder asearse, hacer la comida y fregar.

El Ayuntamiento le respondió entonces que no se había cortado el suministro del agua en el asentamiento, que únicamente se había hecho un cambio en la instalación al haber localizado la Empresa Mixta Municipal de Aguas, Emanagua, numerosas pérdidas “incompatibles con la situación de sequía existente en la zona”. La empresa, además, se mostró dispuesta a estudiar cualquier opción de suministro alternativa, siempre que se hiciera un uso responsable del agua.

Un año después, Ethical Consumer ha tenido que enviar otro escrito al alcalde, quien gobierna en coalición con Vox, denunciando que el suministro de agua en Atochares sigue siendo deficiente, parcial y escaso para atender las necesidades de más de 500 vecinos de su municipio. La carta ha sido firmada por 1.062 consumidores del Reino Unido, que exigen la restauración inmediata del acceso completo al agua en ese asentamiento.

“Cada uno de los firmantes está plenamente informado de la situación y solicita una acción urgente por parte del Ayuntamiento de Níjar. Hemos visto vídeos que muestran a los trabajadores en el asentamiento y demuestran que el acceso al agua aún no ha sido restaurado”, se advierte en el escrito, en el que se agrega: “Queremos hacer todo lo posible para garantizar la restitución completa” de ese acceso.

Largas colas para coger agua
La lejanía del único punto de suministro habilitado y las largas colas que debían guardar los habitantes de Atochares para abastecerse llevaron este año a varios colectivos sociales de la zona a restablecer por su cuenta las tres fuentes de agua cerradas en 2024 por el Ayuntamiento, las cuales habían sido instaladas en diferentes partes del asentamiento durante la pandemia, cuando estaban muy restringidos los movimientos.

Tras la reapertura del suministro en las fuentes más cercanas a las chabolas, el Ayuntamiento, según aseguran estos colectivos, decidió cortar la de la carretera, porque estimaba que se había disparado el consumo.

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Después de esa decisión, el caudal que sale ahora de las fuentes próximas a las chabolas se ha reducido considerablemente. “Sale un chorrillo muy pequeño. Y cuando se abre un grifo, en los otros ya no sale agua”, asegura a Público José García, portavoz de SOC-SAT en Almería, el sindicato que en 2020 se ocupó de organizar la instalación de los puntos de suministro para facilitar el acceso al agua a los habitantes de este asentamiento.

Según este portavoz sindical, las colas para abastecerse de agua siguen en Atochares, mientras el cierre de la fuente ubicada junto a la carretera ha dejado sin suministro a las personas que viven en un pequeño asentamiento situado al otro lado de esa vía. “Es un auténtico disparate. No les están facilitando nada las condiciones de vida con el objeto de que se vayan. Lo que tratan es de invisibilizar el problema por la imagen que dan los asentamientos”, subraya José García.

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El Ayuntamiento de Níjar, a preguntas de este periódico, ha asegurado que el suministro de agua no se ha cortado en Atochares, que únicamente se ha roto la fuente situada junto a la carretera y que, en su lugar, se ha habilitado otra que había en un lugar más cercano a las chabolas. Según un portavoz municipal, la falta de caudal del suministro se debe a los numerosos enganches que llevan a cabo los habitantes del asentamiento para llevar el agua hasta esas chabolas.

Vecinos “sin ninguna seguridad”
La Plataforma Derecho a Techo, que está integrada por asociaciones de vecinos, sindicales, organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos, considera deplorable la situación de los asentamientos donde viven cientos de trabajadores de la agricultura almeriense. “No puedes tener a vecinos de tu ayuntamiento sujetos a esas condiciones, sin suministro de agua y luz, sin ninguna seguridad, expuestos a incendios…”, dice a Público su portavoz, Ricardo Pérez.

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En noviembre del año pasado, esta plataforma emitió un comunicado en el que exigió al Ayuntamiento de Níjar el restablecimiento inmediato del suministro de agua potable y electricidad en Atochares y en el resto de los asentamientos del municipio, soluciones habitacionales dignas para las personas desalojadas, especialmente mujeres y menores de edad, y un plan integral de intervención que garantice unas condiciones de vida dignas a quienes viven en unas chabolas construidas con cartón, palés, plásticos y otros desechos de los invernaderos cercanos en los que trabajan.

Pero, un año después, la situación apenas ha cambiado. Cientos de migrantes, mano de obra de los invernaderos que producen en torno a 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas, continúan viviendo en los más de 40 asentamientos levantados en el término de Níjar, el municipio almeriense con más núcleos chabolistas de este tipo. En ellos, según un informe de la organización Almería Acoge, viven más de 3.500 personas, medio millar de ellas mujeres y cerca de un centenar menores, todos escolarizados pese a las difíciles condiciones de vida que afrontan sus familias.

Ese informe refleja que las difíciles condiciones de los asentamientos están provocando un “mayor deterioro de la salud” de las personas que viven en ellos cada vez de una forma más permanente, porque el crecimiento del sector de la hortofrutícola almeriense requiere ya mano de obra durante casi todo el año, no solo por una temporada.

El Ayuntamiento de Níjar, cuando gobernaba el PSOE en el anterior mandato, puso en marcha lo que fue el primer proyecto de la provincia de Almería para realojar a los inquilinos de los asentamientos, es decir, más de dos décadas después de los ataques racistas registrados en El Ejido contra la población migrante, que concluyeron con un acuerdo para poner fin a la marginación de los trabajadores extranjeros en núcleos chabolistas e infraviviendas.

El actual equipo de gobierno del PP ha continuado con el plan de realojo, que ha sido puesto por la Junta de Andalucía presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla como ejemplo de colaboración institucional para la erradicación de los asentamientos chabolistas. Ese plan contemplaba la construcción de un núcleo de 62 viviendas en la zona de Los Grillos, con capacidad para alojar a 160 personas en régimen de alquiler, tras una inversión de 1,5 millones de euros de la Junta y el Gobierno central. Según el ayuntamiento, actualmente hay alojadas en esas viviendas 25 personas.

La “estrategia del avestruz”
Derecho a Techo considera, sin embargo, que en Níjar no se ha avanzado nada para procurar una vivienda digna a quienes no les queda más remedio que tener por casa una chabola. “El ayuntamiento mira para otro lado, utiliza la estrategia del avestruz, y sigue con los desalojos pensando que por echarlas esas personas van a dejar de existir”, se lamenta Ricardo Pérez, portavoz de la plataforma que está trabajando en un proyecto propio de rehabilitación de cortijos, antiguas casas de labranza, para albergar en ellas a personas procedentes de los asentamientos.

“A falta de acciones gubernamentales, somos los vecinos, los colectivos sociales, los que podemos ofrecer una solución frente a la inacción del ayuntamiento”, añade Pérez.

Por su parte, José García, del sindicato SOC-SAT, considera que todo lo que se ha hecho hasta ahora para solucionar la falta de vivienda digna para los trabajadores migrantes de los invernaderos es “política de maquillaje”. “Se han hecho algunas cosas, pero el problema es mucho mayor, porque son miles los trabajadores que no encuentran una vivienda, no solo los migrantes. Hay un problema grave de vivienda en esta zona”, recalca.

En un informe publicado en 2023, el Servicio de Jesuita a Migrantes advertía de que una de las realidades “más llamativas, sangrantes y escandalosas” de Almería es la existencia desde hace décadas de numerosos asentamientos chabolistas. “La respuesta de las administraciones ante esta realidad es muy deficiente, con ausencia de liderazgo y visión global, con escasa iniciativa para generar soluciones alternativas adecuadas y con una lentitud exasperante a la hora de abordar la problemática”, añadía una de las organizaciones que más trabaja en la atención a la población extranjera en la provincia de Almería.

El informe resaltaba que mientras el municipio de Níjar ha duplicado su población en lo que va de siglo, hasta superar actualmente los 33.000 habitantes, sin contar la gran cantidad de trabajadores extranjeros que no están censados, no se ha registrado un aumento correlativo de la oferta de vivienda ni de otros servicios y dotaciones urbanas.

Los buenos datos del sector hortofrutícola almeriense tampoco han servido para mejorar la dotación de viviendas destinadas a buena parte de su mano de obra, que sigue viviendo en chabolas y otro tipo de infraviviendas. Ese sector, llamado la huerta de Europa, se nutre de la producción de 22.000 hectáreas de invernaderos que genera anualmente unos ingresos de unos 3.000 millones de euros y proporciona empleo a más de 40.000 personas, solo en el cultivo bajo plástico.