La escena de agentes enmascarados y armados irrumpiendo con violencia en vecindarios de las principales ciudades de Estados Unidos para detener y hacer desaparecer a inmigrantes que se dirigen al trabajo o ciudadanos con apariencia hispana es la imagen del segundo mandato de Donald Trump. Bastiones demócratas como Chicago, Los Ángeles, Portland, Memphis o Washington han experimentado este año una intervención federal sin precedentes, una demostración de fuerza del mandatario, que está aterrorizando a los más vulnerables de la sociedad.

Estados Unidos no tiene ninguna fuerza policial centralizada que el presidente pueda enviar para responder a situaciones que requieran de una respuesta federal. Los encargados de hacer cumplir la ley y garantizar el orden público son, por norma general, los cuerpos locales y estatales. Pero, amparándose en su principal promesa de campaña, “la mayor operación de deportación de la historia”, la Administración Trump ha creado imaginativos métodos para sortear esa limitación.

Desde que llegó al poder en enero, ha alineado a dos agencias federales, la Patrulla Fronteriza y Servicio de Control de Inmigración (ICE), en una misma operación para cumplir funciones policiales, para las que no están entrenados. Y ha añadido al cóctel a la Guardia Nacional, soldados reservistas de los distintos estados, que por ley tienen prohibido actuar en territorio doméstico para tareas policiales, por lo que están desplegados para “acompañar” a los agentes y “proteger” edificios federales. En conjunto, los tres cuerpos se han convertido en el brazo armado de Trump a lo largo y ancho del país.

La impunidad con la que actúa esta especie de policía federal, al servicio del presidente, ha llevado a las principales organizaciones de derechos humanos del país a hacer sonar la voz de alarma. “Trump está construyendo una fuerza policial paramilitar no sometida a la rendición de cuentas ante el público”, denuncia Naureen Shah, directora de asuntos gubernamentales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). “Sigue intensificando el despliegue de tropas militares y fuerzas federales del orden público en ciudades de todo el país. Estamos siendo testigos de la creación de una fuerza policial paramilitar nacional que podría utilizarse para intimidar a la población y consolidar el poder del presidente”.

El paradigma de las acciones de Trump en las principales ciudades demócratas es Chicago (Illinois). El 8 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el inicio de la llamada Operación Midway Blitz, un incremento sustancial del número de agentes federales desplegados en la ciudad, con el objetivo declarado de detener a los “extranjeros ilegales criminales”. Sin embargo, pasados tres meses, los datos de la propia Administración muestran una realidad muy distinta: de los más de 600 detenidos, tan solo el 2,6% tenía antecedentes.

La operación se encontró de inmediato con el rechazo de los residentes, que llevan protestando de manera regular desde su inicio, como ha ocurrido en las principales ciudades demócratas asediadas por las fuerzas del orden de Trump. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, denunció que nunca ha sido necesario el envío de los agentes federales y afirmó que el objetivo de la Casa Blanca son “el terror y la crueldad, no la seguridad de quienes viven aquí”. Trump se encargó de confirmarlo cuando anunció el envío de la Guardia Nacional: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”.

De momento, el despliegue de los soldados en Chicago ha sido bloqueado por la justicia, en un proceso judicial que sigue abierto, al igual que en Los Ángeles, Portland o Washington, entre otras. La capital –donde la juez suspendió la entrada en vigor de su orden hasta el 11 de diciembre– vivió esta semana el trágico tiroteo a dos soldados cerca de la Casa Blanca, lo que ha llevado a Trump a redoblar la presencia militar, enviando a 500 soldados que se sumarán a los 2.000 miembros de la Guardia Nacional desplegados desde agosto.

Mientras la Casa Blanca sigue batallando en los tribunales para poder militarizar las ciudades a su antojo, los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza siguen siendo el principal activo a su disposición. Y sus operaciones se van a multiplicar a partir de enero, cuando entre en vigor la “gran y hermosa” ley de rebaja fiscal y de gasto impulsada por Trump y aprobada en verano en el Capitolio. Esta medida casi cuadruplicará el presupuesto de ICE, de los 10.000 millones de dólares anuales a los 37.500 millones en cada uno de los próximos cuatro años.

La astronómica cifra convertirá al ICE en la mayor agencia federal de aplicación de la ley del mundo, con un presupuesto anual superior al combinado de todas las demás agencias de su tipo en el país: Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Marshals, la Agencia Antidrogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el FBI. A partir de enero, de hecho, el presupuesto de la policía migratoria de Trump será superior al gasto militar de la mayoría de países del mundo, situándose en el puesto 16 del ranquin mundial, a pesar de no ser un ejército.