El antiguo instituto del barrio donostiarra de Martutene ya cuenta con la autorización judicial para el desahucio de «111 personas» que se llevará a cabo … la semana que viene, el jueves 4 de diciembre. Así lo han comunicado varios colectivos de acogida ciudadana que han convocado este viernes una rueda de prensa para anunciar que «se va a proceder» al desalojo del edificio dos meses antes de la fecha inicialmente prevista – febrero de 2026 – y en la que han exigido a las instituciones «una alternativa habitacional para los afectados» al entender que se encuentran en una «grave» situación de vulnerabilidad.

Los convocantes han informado que esas 111 personas provienen de diferentes países del norte de África y que tienen edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Cuatro de ellas son mujeres.

El día del desalojo estos colectivos llevarán a cabo una concentración frente a los juzgados de Atotxa (19.00 horas) en señal de protesta «por la dejadez de las instituciones ante el racismo».

El desalojamiento de esta finca resulta fundamental para su propietaria, la Fundación Gune, que en 2024 la compró al Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco con la previsión de reconvertir el antiguo colegio Agustinos en la sede de Ortzadar, un proyecto educativo de formación profesional. De esta manera, el edificio recuperaría su última función, ya que en 2003 cerró sus puertas como instituto politécnico de FP.

El proyecto Ortzadar se encuentra paralizado desde hace unos meses por un litigio legal con motivo de su okupación. Sus impulsores presentaron una demanda de desalojo del inmueble en julio de 2024 que, tras varios recursos, el pasado 10 de julio recibió finalmente la resolución favorable del juzgado de Instrucción nº 1 de Donostia. Sin embargo, cuando faltaba solo media hora para que expirara el plazo de 20 días hábiles para ser recurrida, el día 9 de septiembre, fue impugnada por un okupa que lleva «más de dos años» residiendo en el edificio. Su abogada se amparó en el Real Decreto 11/2020 para solicitar la suspensión del desahucio alegando que se trata de «una persona vulnerable» no solo económicamente «sino también socialmente».

Aunque desde la dirección de Gune aseguraron ayer desconocer cualquier novedad judicial sobre el proceso recurrido por esta letrada, el juzgado «ya ha puesto fecha para el desahucio», según afirmaron a DV desde los colectivos de acogida ciudadana que ayer emplazaron a una rueda de prensa informativa para este mediodía ante el antiguo instituto.

La Fundación Gune aguarda el desalojo con el fin de poder llevar a cabo su proyecto Ortzadar. El plan contempla la rehabilitación del edificio, al considerar que «tiene valor histórico». Las obras de reforma cuentan con una previsión de ejecución de entre 18 y 24 meses de plazo, que incluyen las labores de limpieza y desescombro del mismo. Para ello, se ha perfilado un presupuesto de «unos 600.000 euros».

Entre los convocantes a la rueda de prensa de hoy se encuentran Donostia Harrera Sarea, Martuteneko Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak o Herripe Auzo Elkartea. Fuentes consultadas mostraron su «preocupación» por el destino de las personas okupantes, teniendo en cuenta que «más de 500 personas viven actualmente en la calle» en Donostia. «La situación es preocupante, y más en invierno. A pesar del frío que está haciendo estos días, el albergue de La Sirena», el recurso habitacional que el Ayuntamiento habilita durante las noches con previsión de helada, «no se ha abierto y se encuentra vacío».