La propagación de discursos de odio y mensajes que incitan a la violencia en el mundo digital preocupan. Por ello, el Govern de la Generalitat y el Gobierno han rubricado este viernes un convenio para monitorizar este tipo de contenidos en las redes sociales que ponen en riesgo la convivencia. El objetivo es intentar atajar la viralización de estos discursos de odio y que estos tengan consecuencias.

El acuerdo entre ambos ejecutivos permitirá a la Generalitat disponer de una plataforma con este fin. En concreto, el Estado pone a disposición las herramientas con las que trabaja el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), órgano con el que se prevé que Catalunya desarrolle e implemente un sistema de monitoreo compartido de estos contenidos digitales. La entente se ha plasmado con la firma de este convenio hoy en el Palau de Pedralbes, en el que han participado el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor.

La aplicación busca detectar y analizar los mensajes racistas, discriminatorios y xenófobos que circulan en las redes sociales. Según ha señalado la ministra Elma Saiz, esta herramienta ha permitido en el último mes que el 42% de los 52.900 discursos de odio detectados en redes como X, TikTok, Instagram, YouTube o Facebook se hayan retirado.

La idea es generar datos propios y trabajar con “herramientas avanzadas y reconocidas e nivel europeo”. Entre las funciones de la detección, estará la de hallar perfiles que difundan de manera habitual discursos de odio y que estén cometiendo algún potencial delito. Pese a la complejidad para actuar en estos casos, una vía puede ser la de las sanciones administrativas a través de la Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat.

El president Salvador Illa ha defendido la necesidad de actuar “con firmeza” en este ámbito y ha hecho una reflexión al respecto: ”Hace 20 años quizá pecamos de ingenuidad y no nos dimos cuenta de lo que venía, o no nos hicimos las preguntas que hoy tenemos el deber de hacernos. ¿Quién está detrás de las redes sociales? ¿Qué intereses económicos hay?”. Para el jefe del Executiu, lo que se pone en peligro es la democracia, la convivencia y el respeto, y ha puesto el foco en que haya algoritmos que den pábulo a determinados contenidos.

En este sentido, Illa ha subrayado que estos mensajes de odio y las mentiras en las plataformas digitales “no pueden quedar impunes”. “Quien la hace la paga en los barrios, en la calle y por supuesto también en las redes”, ha destacado.

Por su parte, la ministra Elma Saiz ha enfatizado que se trata del primer convenio que se firma con este propósito con una comunidad autónoma, y ha animado a otras a sumarse. Para la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mensaje es que “nunca puede volver a repetirse un Torre Pacheco”. Saiz ha denunciado que “no puede pasar una semana desde el reporte a la plataforma hasta que se elimina el contenido” porque luego “lo que pasa en las redes tiene su traslación en la vida real”, mencionando precisamente el episodio de la localidad murciana.

Finalmente, la consellera Eva Menor ha apuntado a un “aumento alarmante” de la violencia digital, en especial contra las mujeres, los inmigrantes y el colectivo LGTBI+. Desde esta perspectiva, ha manifestado que la extrema derecha “encuentra en las redes un espacio de difusión privilegiado y ello multiplica el alcance de su impacto”. Con el convenio, espera, se podrá “afrontar el reto con herramientas concretas”.