Varios colectivos han denunciado este viernes el desalojo que el próximo 4 de diciembre se llevará a cabo en el antiguo colegio de los Agustinos en Martutene donde viven 111 personas y han criticado que las instituciones sabían desde junio de 2024 que se produciría la desocupación y “no han previsto un plan de contingencia”.

Representantes de estos colectivos, entre los que figuran Kaleko Afari Solidarioak, Kontseilu Sozialista y Donostiako Harrera Sarea, han ofrecido una rueda de prensa ante el edificio, que cerró sus puertas como instituto de Formación Profesional en 2003, en la que han convocado una movilización para el 4 de diciembre a las 19.00 horas en la plaza Teresa de Calcuta, ante el palacio de Justicia de San Sebastián.

Un centenar de personas

Según el recuento efectuado la pasada semana por Harrera Sarea de Donostia, en el interior del inmueble viven 111 personas, cuatro de ellas mujeres, de entre 20 y 40 años, procedentes de países del norte de África.

Representantes de colectivos, ante el antiguo institutoJavier Etxezarreta

El desalojo estaba previsto para febrero de 2026, pero se ha adelantado la fecha al 4 de diciembre, por lo que “se les ha dado menos de un mes para buscar otro sitio donde poder dormir”, han denunciado.

“Desalojarlos a la fuerza”

Durante mucho tiempo, han asegurado, se ha presentado este lugar “como un epicentro de inseguridad”, se ha buscado “criminalizar” a las personas que viven en la antigua escuela y “se ha señalado” a los migrantes.

Las instituciones, “en lugar de emplear recursos para que no se queden en la calle” y “optar por los servicios sociales y los derechos humanos”, han decidido “desalojarlos a la fuerza”, han asegurado.

Han remarcado que el “racismo en Donostia está en auge” y han denunciado “el odio y el grado de deshumanización que sufren los magrebíes” en la capital guipuzcoana.

Alternativa provisional

“Se les ofrece únicamente cinco noches en un albergue cada tres meses”, tras lo cual “la calle es la única alternativa que les queda” mientras el “albergue municipal La Sirena y sus cien plazas siguen vacías”, afirman.

La escuela de Martutene es “uno de los pocos espacios con techo” con el que pueden contar las 500 personas que viven en la calle en San Sebastián, han indicado.

Han criticado la “participación de la Policía y la complicidad del Ayuntamiento en este desalojo” y han advertido de que puede conllevar la requisa de documentaciones y la puesta en marcha de procesos de expulsión.

Yousef, unos de los habitantes del inmueble que será desalojado, ha explicado las precarias condiciones que padecen, “sin luz, ni agua”, con “mucho frío”, y frente a quienes les acusan robar ha indicado que “hay que buscar de dónde viene esta situación porque si tuvieran trabajo ese problema no pasaría”.

EH Bildu pide al Gobierno local “velar por las condiciones del desalojo”

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia ha pedido al Gobierno municipal que “facilite los medios para velar por las condiciones del desalojo del edificio abandonado Agustinos del barrio de Martutene y mitigue las consecuencias que tendrá en las más de 110 personas” que pernoctan en él.

En un comunicado, EH Bildu, ante el desalojo el próximo jueves del citado edificio abandonado y en el que la Fundación Ortzadar va a poner en marcha un proyecto educativo, ha señalado que, en la actualidad, “más de 110 personas han estado pasando las noches” en este inmueble.“El desalojo de tantas personas de este espacio es, sin duda, un operativo de gran impacto en la ciudad”, han señalado desde EH Bildu. En este sentido, han apuntado que “si el operativo policial no garantiza el enfoque social, no se puede garantizar que no se vayan a producir situaciones de tensión, con el impacto severo que esto tiene sobre las personas más vulnerables”.

A juicio de EH Bildu, es “reseñable” que, “pese a saber con antelación que se iba a producir este desalojo el equipo de Gobierno municipal no haya llevado a cabo, con más tiempo y tranquilidad, intervenciones individualizadas con las personas que dormían allí”.

Para EH Bildu, el Gobierno municipal tiene que “vigilar el procedimiento y las consecuencias del desalojo para que esta realidad, ya tensionada, no empeore”.