LA PORTAVOZ del Gobierno vasco, Miren Azkarate, exigió al Ejecutivo español que tenga en cuenta «desde el principio» a las comunidades autónomas a la hora fijar las políticas de inmigración «y no cuando está todo decidido». Azkarate declaró, en relación al cupo de inmigrantes que llegados en cayucos a Canarias este verano serán trasladados próximamente a otros territorios, que «este Gobierno siempre será solidario y siempre compartirá las obligaciones», pero que para ello el Ejecutivo de Madrid ha de «tener en cuenta su opinión a la hora de establecer la legislación» al respecto.

En las próximas semanas se prevé un encuentro entre representantes del Ejecutivo vasco y español para formalizar el protocolo de acogida de estos extranjeros y decidir cuántos vienen al País Vasco. Azkarate realizó estas declaraciones dentro de este marco y añadió que se debe respetar la opinión del Ejecutivo que dirige Ibarretxe para establecer la legislación pertinente en la Ley de Extranjería a fin de que «otros no marquen las condiciones, las reglas del juego». Y añadió que «si después se quiere corresponsabilidad, ésa tiene que empezar desde el principio, no después cuando todo está decidido», aseveró.

Por su parte, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y coordinador general de EB, Javier Madrazo, pidió ayer al Gobierno español que pacte la política de inmigración «no solamente» con el Partido Popular o con otro países europeos, sino que la pacte con las comunidades autónomas, porque «no puede ser que cuente con ellas solamente para que le resuelvan el problema».

Madrazo subrayó que desde la CAV se quieren hacer las cosas «en condiciones», y por eso espera que el diálogo con el Gobierno español se materialice en un «protocolo de colaboración» que establezca pasos a seguir en esta materia y, entre otras cosas, fijar el número de inmigrantes que acogerá el País Vasco.

Según el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales que mantuvo ayer una reunión con el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el coordinador de IUN-NEB, Ion Erro, afirmó que la CAV «es una Comunidad con una solidaridad infinita, pero con una capacidad de acogida limitada y, en cualquier caso, nos interesa garantizar que la presencia de los inmigrantes se haga con garantías y se les puedan ofrecer mecanismos e instrumentos que puedan favorecer su integración», subrayó.

Así, exigió ciertos compromisos por parte del Gobierno español que garanticen esta dinámica de «integración» y «regularización», ya que, a su juicio, no se puede llevar a los inmigrantes a las comunidades autónomas para que «durante quince días estén atendidos y luego anden dando tumbos sin ningún tipo de garantía de regularización e integración».

Apuesta por la cooperación

Al igual que la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, Madrazo insistió en pedir al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que «cuente con las comunidades autónomas» a la hora de pactar la propia política de inmigración. El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales calificó de «absolutamente nefasta» la actual Ley de Extranjería que el PSOE pacto con el PP y que, a su juicio, «no garantiza la integración de los inmigrantes, y genera muchísimos problemas».

Del mismo modo, destacó que Euskadi afrontará esta «crisis humanitaria» que está viviendo el Estado español desde la «solidaridad, pero eso sí, con garantías». Madrazo indicó, además, que al mismo tiempo EB quiere ir a la «raíz» de este problema, apostando por la «cooperación y el desarrollo» del continente africano. «Ni patrulleras, ni vallas más altas, sino una nueva política de inmigración y cooperación con África», concluyó el consejero de Asuntos Sociales.