Si la semana pasada fue la Comisión Europea la que adviritó a los jóvenes de que las pensiones públicas pueden quedarse muy cortas en futuro, el jarro de agua fría este miércoles ha llegado de la mano de la OCDE, organismo que, en su informe sobre España ha instado a nuestro país a recortar las prestaciones si quiere hacer sostenible el sistema.

La alta esperanza de vida, junto con la importante caída que están experimentando las tasas de fertilidad, han impulsado en nuestro país un avance del envejecimiento de la población más rápido que en la mayoría de los demás países de la OCDE y la UE, lo que implica un cambio demográfico que “reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del PIB potencial, afectará a los servicios públicos y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, en particular a través del sistema de pensiones y la atención sanitaria”.

En este sentido, la OCDE advierte de que España debe dar pasos para adaptarse ante esta nueva realidad: destaca las reformas que se han llevado a cabo recientemente, como la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el retraso progresivo en la edad de jubilación o la reforma de régimen de autónomos, van en buena dirección, pero están lejos de solventar el problema en el futuro y que el sistema debe equilibrase financieramente.

“La economía española ha crecido de forma sostenida en los últimos años, superando a sus pares europeos. El crecimiento se ha visto respaldado por una fuerte inversión, el aumento de las exportaciones de servicios y la expansión de la fuerza laboral, y se prevé que se mantenga sólido, aunque moderándose en medio de la incertidumbre mundial en 2026-27”, apunta la OCDE en su informe en cuya presentación ha participado hoy en Madrid el ministro de Economía, Carlos Cuerpo junto secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Pese a este buen comportamiento macroeconómico, la OCDE percibe señales de alarma. Por un lado, cree que aunque las finanzas públicas españolas “han mejorado, la sostenibilidad fiscal a largo plazo y un crecimiento duradero requieren reequilibrar los ingresos hacia impuestos menos distorsionantes, contener los costes de las pensiones y priorizar el gasto que impulsa el crecimiento”.

A su juicio, “el envejecimiento de la población y la baja tasa de empleo entre los trabajadores de mayor edad plantean retos crecientes” para la economía española. También es fundamental, a juicio de la OCDE, que ESpaña “alinee mejor las políticas de migración y de cualificaciones con las necesidades cambiantes del mercado laboral”.

Bajando a cifras concretas, la OCDE ha calculado que el gasto en pensiones en España vaya a aumentar anualmente en 3,2 puntos de PIB hasta 2050 y el conjunto de gasto que pueda estar asociado al evejecimiento de la población (pensiones, sanidad, necesidades de atención…) lo hará en 5,2 puntos. En este escenario, el comportamiento de los ingresos en el sistema no crecerá en la misma proporción, ahondando en un desequilibrio que las últimas reformas planteadas están lejos de revertir: “La brecha entre el gasto y los ingresos en pensiones va a ampliarse durante las próximas décadas”, apunta la OCDE.

Para sumar ingresos al sistema, en sus recomendaciones, el organismo plantea que no se haga sólo sobre las cargas de cotizaciones de trabajo, ya que esta fórmula podría tener un comportamiento perverso sobre el propio empleo. “Los incrementos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarían todavía más la cuña fiscal del trabajo y podrían perjudicar el empleo”. Lo que propone, para evitar esto, es que la nueva reforma de pensiones incluya “ajustes” ligados al aumento de la esperanza de vida y que se amplíe el del período de referencia para el cómputo de cálculo de la pensión (los años necesarios para calcular la prestación final).

Además, plantea reformar la asistencia por desempleo no contributiva y ampliar el aprendizaje a lo largo de la vida para ofrecer incentivos para que los trabajadores permanezcan activos en el empleo.

En otro orden de cosas, advierte de la alta exposición de España “a fenómenos meteorológicos extremos, lo que requiere fortalecer la resiliencia mediante inversiones focalizadas, una mejor planificación del uso del suelo y una mayor protección frente a inundaciones”.