El Gobierno hizo ayer un llamamiento urgente a todas las comunidades autónomas para que aumenten «al máximo» su capacidad de acogida de clandestinos procedentes de Canarias. Los representantes autonómicos, incluidos los del PP, coincidieron en la necesidad de continuar los traslados por «solidaridad» y «corresponsabilidad» con las islas. Así, la reunión del Gobierno con los responsables autonómicos concluyó con un compromiso «mayoritario» de los Gobiernos autonómicos para aumentar las plazas de acogida, pero sin concretar cifras.

Las comunidades gobernadas por los socialistas fueron más allá. En particular, Andalucía y Extremadura prometieron que acogerán a más inmigrantes. Las autonomías populares no se negaron a hacerse cargo de más, aunque dijeron querer esperar a saber cuántos clandestinos quiere evacuar el Gobierno para implicarse más en el proceso, una cifra que, como muy pronto, se conocerá a mediados de la próxima semana. Sólo La Rioja, que hasta ahora no ha acogido inmigrante alguno, aseguró que no participará.

Satisfacción canaria

El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración canario, Froilán Rodríguez, se congratuló de que la corresponsabilidad solicitada «haya empezado a manifestarse más claramente» y confió en que ese espíritu se concrete cuanto antes «en plazas y recursos».

Los secretarios de Estado de Inmigración y Seguridad, Consuelo Rumí y Antonio Camacho rechazaron comprometer más dinero a los ejecutivos autonómicos. La comisión mixta no pasó de una reunión exploratoria en la que el Ejecutivo tanteó a las autonomías para saber cuál es el máximo de inmigrantes que estarían dispuestos a acoger. Ni Rumí ni Camacho quisieron desvelar la envergadura de la operación. No obstante, fuentes del Ejecutivo adelantaron ayer que el Gobierno espera que las comunidades dupliquen sus plazas.

Buena parte de la reunión se centró en la cuestión económica, un asunto espinoso que terminó enfrentando a las comunidades socialistas y populares. Las consejeras de Madrid y Valencia, Lucia Figar y Alicia de Miguel, además de acusar al Ejecutivo central de ocultar los datos sobre las evacuaciones previstas y de trasladar a más del 80% de los ‘sin papeles’ a comunidades del PP , denunciaron que sólo han recibido la mitad del dinero prometido por el Gobierno central para los programas de apoyo a la acogida (182 millones de euros), aunque esta partida se aprobó en febrero. La representante andaluza, Evangelina Naranjo, señaló que el Ejecutivo autonómico ha debido adelantar buena parte del dinero prometido y pidió explicaciones sobre el dinero que han recibido las comunidades que aún no acogen inmigrantes, Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

El argumento económico exasperó a los responsables del Gobierno central, que recordaron que el Ejecutivo ha multiplicado por 25 el dinero que el Ejecutivo de Aznar daba a las autonomías por este concepto. Camacho arremetió contra Madrid, que, según sus datos, sólo acoge al 2% de los trasladados y sin embargo ha recibido 40 millones de euros, por lo que la administración central ha pagado más de 175.000 euros por clandestino.