El Estado ha creado 817 plazas para menores con asilo: «Se ha cumplido el auto» del Supremo
La secretaria de Estado de Migraciones recuerda que aunque se pone fin «a un proceso» la colaboración con Canarias continúa hasta que el Alto Tribunal sentencie en firme
Canarias 7, , 24-11-2025Aunque ya lo adelantó este jueves la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la secretaria de Estado de Migraciones lo corroboró este viernes. El Gobierno de España ha dado cumplimiento al último auto del Tribunal Supremo, que otorgaba 15 días que concluían este 21 de noviembre, a propósito de los menores migrantes con derecho a asilo. Hasta el momento, el Estado ha creado 817 plazas en los recursos propios del sistema de acogida de Protección Internacional (SAPI), y, aunque queda un centenar de plazas libres, ha atendido al listado de menores con derecho a refugio político consensuado con Canarias.
«El Gobierno de España, coincidiendo con la finalización del plazo concedido por el Tribunal Supremo en su tercer auto relativo al traslado de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias al sistema estatal de protección internacional, informa de que, tal y como venía anunciando desde que se dio a conocer, ha dado cumplimiento a las medidas cautelares indicadas en tiempo y forma», aseguraron fuentes del Ministerio de Migraciones.
Desde la secretaría de Estado, se recuerda que «a pesar de todas las dificultades y la complejidad del mandato judicial», en referencia a que el sistema de protección del que dispone el Estado estaba pensado para personas adultas, incluyendo familias, pero no para menores solos, «el Ejecutivo, en coordinación en todo momento con el Gobierno canario, ha llevado a cabo los traslados especificados en el primer auto» en el que se hacía referencia explícita en el tercero, y que ascendía a 524 menores migrantes solos con derecho a asilo, «y ha seguido dando respuesta a otros muchos casos de jóvenes solicitantes de asilo no incluidos en ese primer listado, tal y como se apuntaba también en las medidas cautelares».
Pilar Cancela aseguró que este 21 de noviembre se ha puesto «fin a un proceso, pero continuamos con el trabajo de colaboración entre administraciones para, mientras no exista un pronunciamiento en firme del Tribunal Supremo, seguir trasladando, si es el caso, a otros niños y niñas solicitantes de protección internacional, a nuestro sistema».
Además, dijo la secretaria de Estado de Migraciones, «no podemos olvidar que el Gobierno canario sigue siendo el tutor de los menores de edad y, por tanto, la colaboración es fundamental para garantizar su acogida plena y las necesidades de cada uno de los niños y niñas».
Dos recursos en las islas
En Canarias, el Ministerio adaptó el viejo acuartelamiento del Canarias 50, en la capital grancanaria, para acoger a menores. Allí se les valora y, desde allí, se les deriva a otros recursos en la península. Además, reconocen fuentes de Migraciones, el Estado ya dispone también de dos recursos en las propias islas, «que tienen un carácter de permanencia vinculado a las circunstancias individualizadas de cada menor, y en los que se valorará su grado de integración en las islas, así como, si procede, su tránsito a la vida adulta».
Delgado insiste en la «tensión» del sistema de acogida
Con todo, Delgado este viernes insistió en la tesis del portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, y recordó que si los menores se quedan en las islas el sistema «sigue tensionado», y lamentó que para que el Estado cumpliera con los menores asilados hayan tenido que pasar ocho meses, fecha en la que el Alto Tribunal emitió el primer auto.
«Los niños que se quedan en Canarias en el SAPI de forma temporal significa para Canarias que su sistema de protección sigue tensionado, siguen tensionados sus recursos educativos, sanitarios y los propios recursos del sistema de protección, porque aunque se ha cedido guarda la tutela sigue ejerciendo Canarias y tenemos que seguir velando para que esos niños y niñas estén en un centro de permanencia estable, en centros con las debidas condiciones y cumpliendo las leyes y normativas en cuanto a centros de menores de protección».
La consejera de Bienestar Social ya dijo este jueves que ahora el Estado tendrá que abrir centros adaptados a la ley, esto es, con un número limitado de plazas, de entre 10 y 12, para los menores que reclamen arraigo y no quieran irse de las islas. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se avanza que se «continuará trabajando en la apertura de los recursos de acogida que sean necesarios en la península», pero de momento no contempla abrir nuevos espacios en las islas.
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