¿Psicosis inducida o un problema real vivido cotidianamente? La inseguridad va por barrios, pero las encuestas envían señales de alerta: uno de cada tres catalanes señala la inmigración o la inseguridad como uno de los principales problemas de Catalunya. Y uno de cada diez los sitúa como su primera preocupación (datos del CEO). En el conjunto de España, las percepciones son mucho mejores con respecto a la inseguridad (solo la cita un 6%, según el CIS), pero se han duplicado en algo más de un año las inquietudes sobre la inmigración. Uno de cada cinco españoles la menciona como uno de los principales problemas (y la señala uno de cada cuatro en la franja entre los 25 y los 34 años).

Sin embargo, esas lúgubres cifras no son nuevas. Durante la década de los 90, la sensación de inseguridad alcanzaba a uno de cada cuatro españoles. Y, después, el tándem inseguridad/inmigración empezó a retroalimentarse como los vasos comunicantes. Por ejemplo, hace veinte años casi la mitad de los españoles señalaba la inmigración como uno de los principales problemas, mientras que hasta el 16% aludía a la inseguridad. Y en Catalunya, las percepciones no eran mejores: más del 20% mencionaba en el 2006 la inseguridad como una de las principales preocupaciones y casi el 40% citaba la inmigración. Luego, durante la recesión y el procés, la inquietud se redujo a la mínima expresión y solo volvió a cobrar fuerza tras la pandemia.

¿Qué está ocurriendo ahora para que la inseguridad gane posiciones entre las inquietudes de los españoles (y sobre todo de los catalanes) y la inmigración se acelere como preocupación general?

Más allá de las falsedades que circulan por las redes sociales, algunos indicadores permiten entender la evolución de la opinión pública. En el caso de la inmigración, la permanente mutación del paisaje humano (lo que algunos llaman el “hipercambio étnico”) y su corolario de fricciones sociales, culturales o territoriales en escenarios muy saturados, explica el alza de las percepciones negativas. Pero hay otro indicador que alimenta el alarmismo a través de su reflejo mediático: el aumento sostenido de inmigrantes irregulares por la vía marítima (pateras, cayucos o botes neumáticos, como refleja el Informe Anual de Seguridad Nacional). Las percepciones del 2006, por ejemplo, se correspondían con la llegada de casi 40.000 personas en pateras y cayucos.

Sin embargo, las cifras recientes de llegadas son un eficaz acelerante de la alarma social y de su explotación política. Ya en el 2018 (un curso político repartido a partes iguales entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez) llegaron ilegalmente por vía marítima a España 58.000 personas. Aun así, la sensación de inseguridad se mantuvo por debajo del 2,5%, aunque subió, pero solo hasta el 10%, la preocupación por la inmigración. Curiosamente, en el 2019 –y pese a que las llegadas cayeron a la mitad– la inquietud se mantuvo en el caso de la inmigración y se duplicó en lo relativo a la inseguridad. En cambio, durante la pandemia –y aunque las llegadas por vía marítima volvieron a superar la cifra de 40.000 personas–, la inquietud por la inseguridad o la inmigración se situó bajo mínimos. Ahora bien, las percepciones actuales sobre la inmigración coinciden con cifras récord en las llegadas de inmigrantes irregulares: más de 60.000 en el 2024 (cuando la preocupación rozó el 30% de los consultados y hoy ronda el 20%.)

A su vez, el incremento moderado de la inseguridad como problema se corresponde con unas cifras de criminalidad que, en general, se mantienen estables. Por ejemplo, según el portal estadístico del Ministerio del Interior, entre el 2013 y el 2023 se redujeron los delitos contra las personas, lo mismo que los hurtos en todas sus variantes (incluidos los robos con violencia). Y en el periodo comprendido entre enero y junio del año en curso las cifras proyectan una estabilidad a la baja con relación a los años anteriores.

Es cierto que en la última década crecieron los delitos por lesiones (aunque leves en un 70%) y contra la libertad sexual. Pero la estabilidad en los indicadores se extiende a las condenas por homicidio (80 menos entre 2013 y 2024); asesinato (17 más en el 2024 aunque 86 menos en el 2023); robo con violencia (crecieron solo un 3% entre el 2013 y el 2024 mientras disminuían en un 25% las de robo con fuerza), o contra la salud pública.

Sin embargo, dentro de esos números, incluso dentro de los más estables, el peso de los extranjeros ha tenido una evolución desigual y eso habría contribuido a fomentar el recelo hacia la inmigración o a asociarla deliberadamente con la delincuencia. Por ejemplo, en la estadística de condenas por asesinato, el peso de los originarios de otros países apenas ha variado en la última década y se mantiene por debajo del 32%. En cambio, en los robos con violencia, el peso de los extranjeros ha crecido 17 puntos (hasta el 46%), y 10 puntos en los ataques a la indemnidad sexual (del 24% al 34%). Por el contrario, en los delitos contra la salud pública, el porcentaje de condenas a extranjeros ha caído 12 puntos. Y, en términos generales, tampoco ha crecido el número de presos de otras nacionalidades: sumaban 22.900 (de un total de 68.600 reclusos) en el 2012 y se situaron en 19.000 en el 2024 (sobre un total de 59.000).