Ayer, aparecieron en un periódico de difusión nacional unas declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en las que este poderoso personaje, preguntado por el destino de los 800.000 inmigrantes en situación irregular que viven en nuestro país, respondía claramente: «la inmensa mayoría de estas personas tendrán que ser expulsadas. Nosotros entendemos que el mercado de trabajo ya absorbió lo que podía. A partir de ahí la entrada ilegal no puede llevar a la regularización. En un momento determinado hay que poner coto. El mercado de trabajo no tiene ahora condiciones para absorberlos». Empieza a parecer en efecto que se percibe cierta saturación de la oferta laboral en los sectores que han demandado inmigrantes – trabajadores de baja cualificación – , lo que revelaría que se ha llegado a un punto en que la integración de más extranjeros resultaría difícil, si no imposible. Es un argumento de peso para intensificar el control sobre nuevas llegadas de inmigrantes irregulares, que debe ser la base de una nueva política según la cual el Estado ha de tomar plenamente el control de los flujos migratorios. De otro modo, acabaremos teniendo problemas de adaptación, que con gran facilidad podrían producir brotes de xenofobia.