El curso comienza con una tasa de abandono escolar que duplica las cifras de la Unión Europea

ABC, 12-09-2006

M. ASENJO

MADRID. Día de sonrisas y lágrimas fue el de ayer para los más de siete de millones de escolares que comenzaron a incorporarse a las aulas. Sonrisas para los que la vuelta al cole supone el reencuentro con los amigos, con los profesores, con una rutina que les hace felices. Las lágrimas para los alumnos que se enfrentan por primera vez a una actividad desconocida o temen revivir algo que les dejó insatisfechos el curso pasado. Al final todos – o una gran mayoría – acabarán acomodándose a la vida escolar.

Sin embargo, y como ayer reconoció la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, en declaraciones a Radio Nacional y posteriormente en la apertura oficial del curso, una de las principales preocupaciones de los gestores de la educación es el elevado número de alumnos que abandona la escuela al acabar la etapa obligatoria (30,8%) y no sigue ningún tipo de estudios (Bachillerato o Formación Profesional). «Tenemos una tasa de abandono escolar muy por encima de la media europea y esto nos va a exigir un gran esfuerzo», indicó Cabrera.

El índice medio de abandono en los países de la Unión Europea es del 15,2%, y países como Polonia (5,5%), Suecia (8,6%) o Finlandia (9,3%) están por debajo del 10%. Entre los peores, sólo nos supera Portugal, donde el 38,6% de sus estudiantes abandonan antes de tiempo. A distancia se sitúa Italia (21,9%), que ocupa el tercer lugar en el número de alumnos que dejan los libros.

Aplicación simbólica

Este curso cuenta con 72.000 alumnos más gracias fundamentalmente a la inmigración, aunque también ejerce influencia en Infantil y Primaria el ligero repunte demográfico. Además, y como afirmó Mercedes Cabrera, éste será el curso «del desarrollo normativo» de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se aplicará tan sólo en cuestiones generales y sin efectos llamativos sobre el alumnado. Hasta el curso 2007 – 2008 no comenzarán a entrar en vigor las medidas de mayor calado como son las nuevas enseñanzas, cuyos decretos serán aprobados antes de que finalice este año. De hecho, el Ministerio ya está negociando con las comunidades autónomas los borradores de mínimos. Sobre esta normativa básica, las administraciones regionales deben aprobar sus enseñanzas. En las autonomías con lengua cooficial, las enseñanzas comunes deben suponer el 55% por ciento del horario, mientras que en las que no la tienen los mínimos abarcan el 65% del total del horario.

En este curso han entrado en vigor medidas relacionadas con la escolarización de los alumnos procedentes de familias inmigrantes. Si se cumplen las previsiones, serán alrededor de 600.000 frente a los 529.461 que estudiaron el curso pasado en los niveles no universitarios.

Desigual distribución

La normativa vigente establece para los centros la obligación de atender a estos alumnos de acuerdo con su edad y circunstancias personales y académicas. Para ello, y teniendo en cuenta que los niños extranjeros se incorporan a las aulas con el curso iniciado e incluso avanzado, podrán incrementar hasta en un 10% el número de escolares por clase. Hasta ahora, los centros reservaban durante todo el curso un número determinado de plazas para los niños con necesidades educativas especiales – sobre todo inmigrantes – y, en ocasiones, estos puestos quedaban sin cubrir. Ahora, la reserva caducaba con el proceso ordinario de admisión, pero la ley garantiza su escolarización en todo momento. La ministra expresó su deseo de que «todos aquellos centros que reciban fondos públicos respondan solidariamente a este desafío».

No obstante, el porcentaje de alumnos inmigrantes es muy desigual entre unas regiones y otras. Las Islas Baleares (12,2%), Madrid (11,4%), La Rioja (11,2%), Murcia (10,3%) y Cataluña (10,2%) son las comunidades que superan el 10% de alumnado extranjero. Por el contrario, Galicia (2,4%), Extremadura (2,1%) y Ceuta (1,6%) registran el menor índice de alumnos foráneos.

Prevenir y paliar el fracaso

Otra medida dirigida a prevenir y paliar el fracaso es la extensión de programas de adoptación curricular para los alumnos de Secundaria Obligatoria (ESO) con dificultades.

Al hilo de los datos negativos sobre los jóvenes que no continúan estudios tras la ESO y pese a que en un año se ha pasado del 31,7% al 30,8%, un objetivo primordial para la ministra es «mejorar la calidad de la educación, aumentar el rendimiento escolar, promover el sentido crítico, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, impulsar los valores que sustentan la ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos y reforzar la equidad del sistema educativo».

Para Cabrera, tanto la LOE como los decretos respetan «medidas y estrategias de probado éxito en la Unión Europea». Señaló que, junto con el decreto de enseñanzas mínimas, se están preparando «de forma paralela» otras normas «que regularán aspectos tan importantes como el ingreso en la función pública docente, el régimen de conciertos, la renovación de las enseñanzas artísticas, el funcionamiento del nuevo Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas o el impulso de la FP».

Sobre esta cuestión, la titular de Educación hizo hincapié en que los estudios de Formación Profesional «ocuparán una buena parte de nuestro trabajo en este curso». Desde el Gobierno, varios decretos sobre los estudios de FP y, entre ellos, uno por el que «se reconocerá la experiencia adquirida a través del trabajo y la educación no formal, contribuyendo así a potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida».

Como ya hiciera en la presentación del curso a la prensa, Cabrera enfatizó en las previsiones presupuestarias previstas para el desarrollo de la LOE. Así, recordó que la memoria económica de la ley prevé dedicar «más de 7.000 millones de euros adicionales entre 2006 y 2010».

Las declaraciones de la ministra fueron respondidas por la secretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, quien calificó el curso como un «nuevo año perdido en la mejora de la calidad del sistema educativo».

El PP acusa al Gobierno de haber perdido dos años y entiende que «con un fracaso escolar superior al 29%, consecuencia del modelo Logse implantado por el Gobierno socialista, el Ejecutivo ha sido incapaz de iniciar este nuevo período con las mejoras necesarias para afrontar este grave problema».
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