Alemania ha dado un giro en su política de apoyo a los

refugiados ucranianos.

La coalición encabezada por el canciller Friedrich Merz aprobó este miércoles una reforma que recorta las ayudas para quienes hayan llegado al país a partir de abril de este año

lo que supone que dejarán de recibir la ayuda ciudadana, conocida en Alemania como “Bürgergeld”, y pasarán a ser atendidos bajo la Ley de Asilo,

un régimen menos generoso y gestionado principalmente por los servicios sociales municipales.

La medida, pactada en el acuerdo de coalición pero hasta ahora estancada, llega en plena escalada del debate público sobre migración y con un Gobierno decidido a exhibir firmeza.

Merz celebró la aprobación del texto y recordó que se trata de un compromiso previamente acordado. “Lo hemos pactado y ahora lo cumplimos, saldrán de ese sistema llamado Bürgergeld y

entrarán en el marco de las prestaciones para solicitantes de asilo

”, afirmó tras el Consejo de Ministros.

El mensaje encaja con la línea más dura que el Ejecutivo ha imprimido en

materia migratoria

durante los últimos meses y convencido de que una parte del electorado reclama señales de contención. No obstante,

la reforma ha generado tensiones dentro del propio Gobierno. La ministra federal de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas – responsable de redactar el proyecto de ley – , no ocultó su rechazo al fondo de la reforma durante su intervención en el Bundestag. “No me gusta, lo digo abiertamente”, confesó con gesto serio, antes de añadir que considera más eficaz mantener a los recién llegados bajo la tutela de los centros de empleo, que facilitan el acceso rápido al

mercado laboral. Bas argumentó que la integración temprana es más sostenible y evita dependencias a largo plazo, pero admitió que la coalición se había comprometido a este cambio y que, por tanto, lo ejecutaría.

Hasta ahora, los ucranianos recibían 563 euros mensuales si estaban solos, además de una cobertura sanitaria completa a través de las aseguradoras públicas.

Con la reforma, quienes hayan llegado desde abril recibirán alrededor de 120 euros menos al mes, solo tendrán acceso a una cobertura sanitaria básica y deberán tramitar sus ayudas en oficinas municipales ya saturadas por la carga administrativa. Según los últimos datos, unas 700.000 personas procedentes de Ucrania percibían la prestación

equivalente al Bürgergeld, entre ellas unos 200.000 menores. El Gobierno insiste en que la norma no será retroactiva, para evitar un colapso burocrático.

El impacto no solo recaerá sobre los afectados. Las ciudades y municipios, responsables de gestionar las nuevas solicitudes, alertan de que el volumen de trabajo aumentará notablemente. Asimismo, desde la oposición no tardaron en llegar las críticas.

El vicepresidente del partido de Los Verdes, Andreas Audretsch, consideró que el Gobierno está adoptando una medida “absurda”, que encarece el sistema

y, al mismo tiempo, dificulta la inserción laboral de los ucranianos. “Es malo por partida doble”, lamentó, antes de apuntar directamente al canciller: “Merz quiere marcar un punto en un debate caldeado, no ahorrar dinero”. Pese a las objeciones, el Ejecutivo avanza decidido en su nueva senda. El canciller defendió que gobernar no significa “hacerse feliz mutuamente”, sino “sacar adelante el país” y, en un momento en el que la migración domina la agenda pública y la presión de los partidos populistas crece, la reforma lanza asimismo un mensaje político.