PABLO MINGOTE

MADRID. La Comisión Mixta de Traslado de inmigrantes celebrada ayer en el Ministerio del Interior acabó con un compromiso condicionado de las Comunidades Autónomas para ampliar el número de plazas de acogida de inmigrantes trasladados a la Península. Una decisión en la que no se ha acordado el número del incremento ya que las autonomías quieren estudiar los datos que facilitaron los secretarios de Estado de Seguirad e Inmigración, Ignacio Camacho y Consuelo Rumí. Ese aumento se negociará con de forma individual con cada gobierno regional.

El viceconsejero de Inmigración de Canarias, Froilán Rodríguez, manifestó a ABC que agradecen el compromiso de las comunidades pero que alno haberse concretado nada son «moderadamente optimistas» y que están «impacientes y preocupados porque se trata de una situación que se ha ido alargando mucho tiempo. Lo que más nos preocupa es que el Gobierno sea capaz de impulsar las medidas en los países de origen para evitar que siga produciéndose la salida de inmigrantes de esas zonas de África». Rodríguez también apuntó que existe «un toque de desconfianza» a la espera de «lo que ocurra en los próximos días», y manifestó «lo importante y necesario que sería que la Unión Europea se implique más en el problema».

Pero la aceptación de ese incremento pasa, en el caso de las comunidades gobernadas por el PP, por estudiar los datos que ha facilitado el Ministerio del Interior, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de plazas que están gestionadas por las ONG y que son financiadas por el Ejecutivo. Así lo manifestaron las consejeras de inmigración de Madrid y Valencia, Lucía Figar y Alicia de Miguel, quienes aseguraron que no tomarán una decisión hasta que estudien los informes del Gobierno.

Figar se quejó de que el Ejecutivo de Zapatero «no informa sobre los inmigrantes que traslada» así como que «el 60 por ciento de esos inmigrantes que llegan a Canarias se concentran en Madrid y 85 o el 90 por ciento van a las comunidades autónomas donde gobierna el PP». La consejera de Inmigración de Madrid también destacó que no reciben el dinero pactado para gestionar el problema de los irregulares. Sin embargo, Rumí, aseguró que «el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acogido a menos de un 2% del total de trasladados a la Península».

Distinto es el caso de La Rioja, que manifestó que no ofrecería plazas de acogida, posición que se debe al contencioso que mantiene con el Ejecutivo por la gestión de los fondos destinados a la acogida de inmigrantes en su territorio. Antes de la reunión País Vasco, Castilla y León, Baleares y Canarias tampoco ofrecían aumentar la acogida de inmigrantes, aunque después del encuentro se comprometieron a estudiar la situación.

No han visto a Caldera

Por otra parte, Ana Pastor, secretaria de Políticas Sociales del PP, declaró que «los consejeros populares están absolutamente indignados porque el ministro Caldera repartió un documento el otro día que no corresponde con la realidad, con unos datos de capacidad de acogida que nadie sabe de dónde ha sacado porque no se corresponden con la realidad» y que «lo dramático es que en el verano haya pasado lo que ha pasado y Caldera no haya llamado a los consejeros de inmigración jamás, al ministro no lo han visto nunca en dos años y medio, Caldera no ha ido a Ceuta y Melilla».

En cuanto a la polémica del traslado masivo de inmigrantes a las Península, una fuente del Gobierno argumentó que «las comunidades autónomas se mostraron de acuerdo con que se hiciesen los traslados y no se habló en ningún momento de número concreto».
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