ener una población vulnerabilizada, empobrecida y marginada, además del coste social que es obvio, también tiene un gran coste económico. Por un lado, el sistema tiene que asumir las cargas sociales, desde salud, educación, alimentación, acogida, etc., de personas que no cotizan. Por otro, hay que añadir el coste de oportunidad perdida. Económicamente, lo más eficaz que existe, es invertir para generar sociedades con pocas desigualdades y sin pobreza, donde todas las personas participen del crecimiento a través de sus trabajos y sus cotizaciones.

En términos absolutos se puede asegurar que el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de discriminación salen muy caros a las economías de los países. En un estudio publicado en 2024, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) incluso estimó el coste concreto de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en España en 17.000 millones de euros (un 1,3% del PIB).

Basta con mirar la forma de vivir en países con mucha desigualdad para entender que son modelos económicos y sociales no deseables, aunque pertenezcas a la parte privilegiada del mismo. Entre otras cosas, la desigualdad está estrechamente relacionada con la inseguridad. En sociedades menos desiguales hay menos criminalidad y menos violencia. Recuerdo un paseo por Huesca con el periodista Enrique Naveda, coordinador general del medio guatemalteco Plaza Pública, y su hijo de tres años. El niño estaba emocionado corriendo por los parterres persiguiendo patos. “Es la primera vez que mi hijo puede correr libremente por una calle”, me dijo Naveda. En Guatemala las calles son peligrosas y la gente común sale a pasear por los malls, centros comerciales que tienen seguridad privada en las puertas de acceso y están cerrados. Aquí, el coste de la desigualdad es la pérdida absoluta de libertad.

La realidad es que el debate público que promueven los populismos capitalistas, que anteponen el capital al ser humano, está lleno de errores de fondo. Ninguno de los problemas de las sociedades de los países de la OCDE se resuelve echando a los migrantes o pagando menos impuestos, por poner dos ejemplos de las soluciones más populares de los últimos años. Sobre la migración, en todos los casos la fuerza laboral y económica que aporta la población migrante es incuestionable. No solo es el trabajo que desarrollan, sino que cada persona que se une a una economía nacional lo hace incrementando el consumo de bienes y servicios. Si el gobierno de turno es audaz y lo organiza bien, además de pagar los impuestos indirectos como el IVA en España, también puede contribuir a los impuestos directos si poseen una situación regular. En España los datos no dejan lugar a dudas: los inmigrantes son responsables de aproximadamente una cuarta parte del crecimiento del PIB per cápita desde 2022, según el Banco de España. Estas personas representan más del 15% del empleo total y aportan alrededor del 10% de los ingresos de la Seguridad Social. Pero estos datos serían incluso mejores si se regularizara a las más de 600.000 personas sin papeles que viven en nuestro país.

En ningún caso echar a estas personas solucionaría ninguno de nuestros problemas económicos o sociales. Es más, en términos de rentabilidad económica, lo más inteligente sería invertir más en todas las poblaciones vulnerables –incluida la migrante– para mejorar sus condiciones vitales, permitiendo su mayor participación en la economía productiva. Necesitamos salud pública para tener salud universal y que no nos vuelva a pasar lo que sucedió durante la pandemia. Es indispensable asegurar el acceso universal a la educación también. Hay que frenar la especulación con la vivienda con una regulación que permita a todas las personas acceder a este derecho. Estas son las cosas que se tienen que pagar con los impuestos. Hay que desmontar esta ingenuidad que hace creer a muchas personas que podrían pagarse un tratamiento contra el cáncer en un hospital privado. Y hay que recordar que el bienestar económico particular está rodeado de incertidumbre aunque parezca lo contrario. Casi se ha olvidado cómo la crisis del 2008 hizo estragos entre todas las clases sociales, incluidas las más pudientes. De hecho, se relaciona esa crisis con un incremento del 4,7% de los suicidios de la eurozona en los años siguientes, protagonizado principalmente por hombres. Un país con buenas capacidades públicas, con sistemas sólidos de soporte de acceso a los servicios básicos, es capaz de hacer frente a cualquier crisis. Construir un sistema sólido de bienestar apoyado en lo público lleva mucho tiempo, no es algo que se pueda improvisar.

Por todas estas razones es indispensable que empecemos a defender un modelo de construcción social indiscutible que incluya una serie de puntos inalienables, que no deben ser partidistas. Vivienda, educación y salud universales y de calidad son una de las bases. Otra es la inversión ex ante en las comunidades más vulnerables para evitar la pobreza y disminuir la desigualdad. Entender que construir a través del cuidado del bienestar colectivo es la forma de apuntalar a largo plazo el bienestar individual. Nunca olvidar que los derechos o son universales, para todas las personas que componen la sociedad, o no son. Ser tajantes con estos principios y penalizar fuertemente el populismo, venga de donde venga. Ser valientes y aprovechar este momento de resurgir social para construir a largo plazo. Se puede y se debe. La desigualdad no es una opción: es demasiado cara y nos lleva a modelos muy insatisfactorios y dolorosos.