A pesar de contar con un permiso de trabajo, miles de personas migrantes en las islas no pueden comenzar a trabajar al encontrarse con una barrera burocrática: no se pueden inscribir en el Servicio Canario de Empleo. Esta realidad se vive en el resto de España, por lo que el Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para trabajar en una vía legal que permita que la economía sumergida se reduzca.

Así lo traslada el Comisionado Especial para la Economía Social, Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, que adelanta que ya se ha llegado a un acuerdo técnico entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y todas las comunidades autónomas (en una reunión que se celebró en octubre) para resolver la problemática de los trabajadores y trabajadoras «que están en proceso de regularización pero no pueden acceder a las empresas de inserción laboral y a otras entidades» porque no pueden inscribirse como demandantes de empleo.

En estos momentos, solo hay una empresa de inserción laboral en Gran Canaria y siete en Tenerife. A través de ellas, de salir adelante la solución jurídica, se podrían ver beneficiadas una «serie de colectivos que sufren una situación de precariedad y de vulnerabilidad notable» en España, como pueden ser las personas solicitantes de protección internacional o las víctimas de trata, entre otras.

Canarias puede ser punta de lanza de esa propuesta. El archipiélago vive un momento en el que la demanda de mano de obra crece y también ha aumentado el número de personas migrantes que llegan al archipiélago en los últimos años. Por ello, el Gobierno canario estudia proponer un decreto ley para que la medida, que ahora se examina por los servicios jurídicos, pueda ser una realidad el próximo año. El comisionado estima que pueda haber un anuncio sobre ello en «dos o tres meses».

Este acuerdo podría ayudar a reducir el porcentaje de economía sumergida que existe en la actualidad. Según datos de 2024 recogidos en un informe elaborado por el Departamento de Economía aplicada de la Universidad de Murcia, las islas, junto a Andalucía, fueron las comunidades que presentaron mayor tasa en relación con el Producto Interior Bruto, con un 17,8%. A su vez, en el mismo año la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, coordinada con la Inspección de Trabajo, remarcó que anualmente detectan cerca de 5.000 empleos sumergidos.

No es posible calcular a cuantas personas podrá beneficiar esta medida porque «son personas lamentablemente invisibles para las estadísticas», como remarca el comisionado especial para la Economía Social. Sin embargo, Iglesias remarca que tendría un «efecto muy positivo» sobre todo para las empresas de inserción laboral porque, de esta forma, podrían contratar a estos trabajadores y de alguna forma hacer «más atractivas las fórmulas de Economía Social en el país».

El trabajo es una de las principales puertas de entrada para la inclusión de las personas migrantes. Así, Iglesias defiende que las virtudes de este trámite podrán ayudar a que aquellos que llegan al país con el único fin de lograr sus metas «puedan tener una vida medianamente decente. Van a tener la oportunidad de trabajar y de tener una vida más ordenada con unos estándares mínimos de calidad y de dignidad».

Esta cuestión la celebran los principales afectados, como Junior Joel Payán, que ahora reside en Gran Canaria después de que hace seis años dejara atrás su Colombia natal. Él mismo vio como su contrato de inserción laboral no pudo seguir adelante al no poder tener el Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (Darde), de ahí que tuviera que comenzar de nuevo el proceso para poder trabajar de manera legal.

Por ello, Payán celebra la solución que se ha puesto ahora sobre la mesa: «Sería un puntazo para la gente que viene con buenas intenciones a España A buscarse la vida porque los tiempos siempre son largos».

«Los jefes saben que no tienes escapatoria y se aprovechan»
La historia de Junior Joel Payán, de 27 años, en Gran Canaria se empezó a escribir el 17 de octubre de 2019. Solo, sin ningún familiar, y con una maleta llena de propósitos, pero también de incertidumbres, llegó a la isla desde Colombia para comenzar a trazar su nuevo futuro.

Y los comienzos, como suele decirse, no fueron fáciles. Tuvo la suerte de poder vivir durante los primeros seis meses junto a una conocida, paisana suya, y su madre, que lo acogieron sin pensarlo. Fue ahí donde consiguió un trabajo en una frutería «en negro, evidentemente», comenta.

Esta es la realidad a la que se enfrentan miles de personas migrantes que, al no tener su situación regularizada, se ven abocadas a trabajar de esta forma para poder ganarse la vida.

Y de esta situación, valora el joven, se benefician los empresarios: «Los jefes lo saben, saben que no tienes mucha escapatoria e intentan aprovecharse de ello para explotarte un poco».

Hubo un momento en el que Payán no puedo más y llegó a su límite, por lo que dejó el trabajo. Por aquel entonces ya vivía en una habitación en un piso compartido y, al tener pocos recursos económicos, fue acogido en el Centro de Inserción Social de La Isleta. Fue allí donde conoció a Nieves y Lupe, de la Asociación Incluye, que se ofrecieron a ayudarle para regularizar su situación. Al ser colombiano, pasaron tres años hasta que puedo solicitar el arraigo social.

ParaPayán, recibir la ayuda de la asociación ha sido «una bendición después de momentos complicados». En la actualidad reside en Teror y trabaja como recepcionista en el Convento de las Dominicas, sede de la institución, donde sigue labrando su futuro.