La afirmación de José Blanco de que «todo el que entre de manera irregular tendrá que salir» parece más atenta a las imágenes de los cayucos que a la realidad. El secretario de UGT pidió palabras menos «drásticas».

SE tiene que saber que todo el que entre de manera irregular tendrá que salir, con todos los derechos, pero tendrá que salir», repitió ayer José Blanco, secretario de Organización del PSOE, porque «el mercado laboral ya absorbió lo que podía». El giro del discurso gubernamental es innegable. De explicar la inmigración ilegal y de aceptarla ha pasado a las advertencias de la última semana.

Sensatas o no, las palabras de Blanco vienen a reconocer la incapacidad de controlar los flujos de la inmigración. Porque las cifras no apoyan lo que ahora dice Blanco. El secretario de UGT pidió un tono menos «drástico» y más realista. Se ha calculado que en 2050, el 37% de la población española será mayor de 65 años, y para mantener la población constante deberíamos admitir 170.000 inmigrantes anuales, y para asegurar la población activa constante serían necesarios 260.000 trabajadores extranjeros. De modo que la inmigración plantea problemas de varia dificultad, pero la alternativa es diabólica: sin inmigración, cada vez menos personas activas deberán asegurar a costa de su bienestar económico el de una población inactiva creciente. Las declaraciones contundentes de estos días, más políticas que económicas o simplemente estadísticas, inducen a sospechar que, a ocho meses de elecciones, se barrunta el efecto de tanto cayuco en todos los telediarios, imágenes de efecto más temible y directo que las cifras de inmigrantes ilegales desembarcados en Canarias. Ayer, la Comisión de Traslados se reunió sin concretar el número de irregulares que pasarán de Canarias a las Comunidades autónomas, ni cuántas plazas crearán éstas. Hasta ahora, de los 12.876 ilegales llegados este año a las islas, las Comunidades han acogido a 2.427. Cifras menores, cuando ya se admite que los ilegales pueden rondar los 800.000.