S�lo un 4,8% de los inmigrantes en Espa�a recibe el Ingreso M�nimo Vital (IMV), frente al 3,6% de la poblaci�n espa�ola, a pesar de que la tasa que mide el riesgo de pobreza y exclusi�n social entre la poblaci�n extranjera “m�s que duplica” la de la poblaci�n espa�ola (el 54,1% frente al 20,8%), que la “tasa de pobreza monetaria” es tres veces superior (43,7% frente a 14,9%) y que “la carencia material o social severa” tambi�n triplica a la registrada entre la poblaci�n espa�ola (19,4% frente a 6,3%).

“Estos datos resultan particularmente significativos (….) Si se contrasta esta informaci�n con el n�mero total de personas inmigrantes en Espa�a y con los indicadores de riesgo de pobreza y exclusi�n social que afectan a este colectivo, se observa que el alcance de la prestaci�n resulta limitado (…) Atendiendo a estos indicadores materiales y en comparaci�n con la poblaci�n aut�ctona, la proporci�n de poblaci�n extranjera perceptora del Ingreso M�nimo Vital es muy inferior a la que cabr�a esperar de un sistema de protecci�n social que, en su parte no contributiva, atiende a la necesidad”, valora tras destacar estos datos el Consejo Econ�mico y Social (CES) en el Informe sobre la realidad migratoria en Espa�a: prioridades para las pol�ticas p�blicas presentado la semana pasada.

Los inmigrantes en Espa�a se encuentran en un situaci�n mucho m�s complicada que la poblaci�n aut�ctona. M�s de la mitad forma parte de un hogar con muy baja intensidad de trabajo, viven privaci�n material y social severa o se encuentran en situaci�n de pobreza monetaria. Esto �ltimo supone estar por debajo del umbral de pobreza, fijado en el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo de las personas (despu�s de las transferencias sociales y sin imputar la vivienda).

El Ingreso M�nimo Vital es una prestaci�n de la Seguridad Social de tipo estatal que se articul� en 2020 para proteger a familias y unidades de convivencia en situaci�n de riesgo de pobreza y exclusi�n social, lo que convirti� a las rentas m�nimas de car�cter auton�mico en subsidiarias de esta ayuda. Funciona fijando unos niveles m�nimos de ingresos que tiene que tener cada familia en funci�n de su n�mero de miembros y complet�ndolos hasta este umbral con una ayuda p�blica variable.

Su penetraci�n “limitada” en el colectivo de inmigrantes se explica, entre otras cosas, porque para percibirla es necesario tener residencia legal en Espa�a, lo que excluye a quienes carecen de la documentaci�n administrativa necesaria (papeles), incluso si est�n en riesgo de pobreza. Seg�n c�lculos de la AIReF, en 2023 y 2024, el 6% de las solicitudes fueron denegadas por no cumplir este requisito.

En Espa�a, un total de 773.272 hogares perciben el IMV a cierre de octubre, con un total de 2.363.554 beneficiarios. Del total, s�lo un 17,6% de los perceptores alrededor de un sexto son extranjeros, con una elevada heterogeneidad territorial. En algunas comunidades el porcentaje de extranjeros duplica la media nacional, mientras que en otras no supera el 5%.

Catalu�a es la regi�n con m�s porcentaje de beneficiarios inmigrantes (el 34,9%), seguida de Melilla (33,7%), La Rioja (33,4%), Arag�n (31,4%) y Baleares (30,6%). En Madrid, por ejemplo, suponen un 22,8%.

Las comunidades con menor incidencia del IMV entre la poblaci�n extranjera son Extremadura (5,9%), Andaluc�a (8,6%), Asturias (10,1%), Canarias (10,3%) y Galicia (11,4%).

Si se analizan los datos en t�rminos relativos (n�mero de beneficiarios por cada mil habitantes, como en el gr�fico), se observa una cobertura mucho m�s extensa de los extranjeros en las dos ciudades aut�nomas, Pa�s Vasco, Extremadura y la Regi�n de Murcia, y m�s reducida en Cantabria, Baleares y la Comunidad de Madrid. “La distribuci�n guarda una mayor coherencia tanto con las disparidades de renta existentes entre territorios como con la realidad socioecon�mica de la poblaci�n de origen migrante”, apunta el CES.

La bajada de las rentas m�nimas
Tras la implantaci�n del IMV, algunas autonom�as han optado por reforzar sus esquemas de rentas m�nimas mientras que otras han establecido esquemas de incompatibilidad o han reducido el volumen de beneficiarios mediante ajustes presupuestarios.

En 2023 �ltimo a�o del que hay datos, las comunidades abonaron un total de 236.392 prestaciones de renta m�nima, un 10% menos que en 2022, de las que un tercio (el 28,9%) fueron para personas de nacionalidad extranjera. Se observan importantes diferencias entre regiones; de hecho, el CES se�ala que la tasa de beneficiarios en el territorio con mayor nivel de protecci�n a extranjeros resulta 370 veces superior a la del territorio con menos protecci�n. Esto pone de manifiesto, en su opini�n, “la enorme disparidad territorial en el acceso a estas prestaciones por parte de la poblaci�n extranjera, una desigualdad que no se observa con la misma intensidad entre la poblaci�n espa�ola”.

La penetraci�n por cada mil habitantes refleja una cobertura muy reducida en algunas autonom�as como Andaluc�a o la Comunidad de Madrid.