Por un lado pactaba con Junts una delegaci�n de competencias migratorias que nunca llegar�a a consumarse y, por otro, retiraba a la Generalitat parte del limitado control sobre los tr�mites de extranjer�a que ya pose�a.

El Gobierno de Pedro S�nchez jug� al trile con la formaci�n de Carles Puigdemont durante buena parte de la relaci�n de conveniencia que mantuvieron durante la primera mitad de la legislatura.

El 4 de marzo de 2025, Junts y el PSOE oficializaron el registro de la proposici�n de ley para la delegaci�n integral de las competencias de inmigraci�n a Catalu�a, que deb�a entregarle el control de las expulsiones de extranjeros y de las fronteras, entre otras cuestiones. La proposici�n nunca tuvo opciones de aprobarse, por la negativa de Podemos a respaldarla, lo que propici� que fuera tumbada en el Congreso el pasado 23 de septiembre.

Pero, por el camino, Catalu�a ha perdido uno de los tr�mites migratorios que pod�a realizar hasta el momento. Pocos meses despu�s del acuerdo de Junts y el PSOE, concretamente el 20 de mayo de 2025, entr� en vigor el nuevo Reglamento de Extranjer�a. La nueva normativa, impulsada por el Gobierno a trav�s del Decreto 1155/2024, retira a la Generalitat la tramitaci�n de los permisos de trabajo que hasta ahora conced�a a los inmigrantes que ya hab�an obtenido la residencia al acreditar su arraigo a Espa�a.

Con el nuevo reglamento de Extranjer�a, cuando el Estado concede la residencia por arraigo �sta incluye ya el permiso de trabajo, con lo que la Generalitat deja de intervenir en el proceso y ve debilitado su control sobre los flujos migratorios.

Esto ocurre mientras la gesti�n de la inmigraci�n copa buena parte del debate pol�tico en la autonom�a, con Alian�a Catalana en pleno auge en detrimento de una Junts que ten�a en la delegaci�n de competencias de extranjer�a su principal baza para competir con la formaci�n que lidera S�lvia Orriols.

�Se percibe como una regresi�n porque Catalu�a pidi� m�s competencias y, no s�lo no recibi� m�s, sino que ahora interviene menos. El Estado mantiene el control directo de la inmigraci�n y el nuevo reglamento reduce los procedimientos donde la Generalitat interven�a. Eso contradice la aspiraci�n de ampliar la competencia que defend�an los partidos independentistas�, se�alan fuentes jur�dicas a EL MUNDO.

El Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones se defiende alegando que �el objetivo de esta modificaci�n es �nicamente el de facilitar la integraci�n de las personas migrantes y su inserci�n laboral�.