Al departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se le acumulan los frentes. En la última semana se la han abierto dos focos importantes: El Ararteko … ha abierto una actuación de oficio ante la decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los detenidos y la Fiscalía vasca ha denunciado la «dejadez» policial, sobre todo de la Ertzaintza, en la investigación de delitos de posible prostitución de menores. Dos cuestiones importantes que ha tenido que abordar y que deberá abordar el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que en las últimas semanas ha tenido que salir también al paso de las críticas recibidas por la gestión de los dispositivos que el cuerpo policial vasco ha desplegado en manifestaciones convocadas por los grupos «ultras», por ejemplo, en el acto de la Falange en Vitoria.

El pasado mes de octubre la Ertzaintza modificó su «política informativa» y comenzó a elaborar notas de prensa en las que añadía el origen de los detenidos, un dato que no suelen facilitar otros cuerpos de seguridad en el Estado de forma sistemática. Un cambio que ha llevado al Ararteko, la institución que ahora dirige en funciones Inés Ibáñez de Maeztu, a abrir una actuación de oficio para contrastar los motivos que han motivado esta decisión. Hace 14 años, el Ararteko, entonces encabezado por Iñigo Lamarca, elaboró una recomendación en la que señalaba que las notas de prensa policiales debían «evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen».

Seguridad señala que esta decisión es fruto de «una reflexión interna» y que esa identificación de los detenidos la «evita la estigmatización interesada». Eso es lo que ha trasladado este misma semana Zupiria, que ha pedido poner sobre la mesa los datos: «el peor favor que nos podemos hacer es no poner encima de la mesa todos los números y dejarnos llevar por quienes hacen política arrojando solo los que les interesan». Lejos de echar más leña al fuego, el consejero ha querido despejar las acusaciones de xenofobia. «La inmensa mayoría de las personas de origen extranjero se han integrado en esta sociedad a través del trabajo, la educación o la vivienda», cree, recalcando que «entre los delincuentes hay tanto españoles como extranjeros».

La seguridad se ha colocado, según las encuestas, entre las principales preocupaciones de la ciudadanía en las tres capitales vascas. Y eso, bajo un contexto en el que los sondeos marcan una tendencia de EH Bildu al alza, obliga al PNV a mover ficha para apuntalar el voto de orden. En un tema que tantos quebraderos de cabeza produce a la izquierda por los miedos de caer en el estigma y en la xenofobia, la formación jeltzale trata de abarcar en esa cuestión un postulado más propio de un partido de centro – derecha. Más cuando la izquierda independentista ha ampliado su base electoral atrayendo a las clases medias.

Zupiria –que en comisión parlamentaria admitió haber cambiado su discurso sobre la delincuencia en el última año–, en línea con el portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha sido quien ha marcado en las últimas semanas el endurecimiento de la línea política del PNV en todo lo relacionado a la violencia callejera o la delincuencia. También es quien ha entrado de lleno al cruce de declaraciones con EH Bildu, que vuelve a poner sobre la mesa el debate del modelo policial en Euskadi. El secretario general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, apuesta por el modelo «nórdico»: «En las series no están todo el día sacando la pistola». Unas declaraciones contrarrestadas por el presidente del PNV, Aitor Esteban, que acusó a Otegi de decir que la Ertzaintza es de «gatillo fácil».

A esta polémica se ha sumado en la última semana la denuncia de la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, que señaló el pasado miércoles «cierta dejadez» de la Policía (en la mayoría de los casos la Ertzaintza) en la investigación de delitos de posible prostitución de menores «sobre la base de pensar que se tratan de relaciones consentidas». En este sentido, reclamó «un mayor rigor en los atestados» en los que estén implicados menores», sobre todo cuando están relacionados con redes de prostitución o tráfico de drogas. La fiscal superior vasca también mostró su «desilusión y decepción» respecto al caso del udaleku de Bernedo, puesto que «las comisarías tenían que haber comunicado a este grupo especializado que se estaban tramitando estos procedimientos».

El consejero de Seguridad respondió de inmediato a estas palabras de la Fiscalía y las calificó de «muy graves». Y le exige «rigor» a Adán. «Espero que en las múltiples reuniones que la Ertzaintza mantiene con ella plantee cada uno de estos casos que ayer denunció», remarcó

El «rebrote de la violencia urbana» tras episodios como el acto de la Falange en Vitoria también preocupa a Zupiria. Esta misma semana el consejero ha elevado la tensión tras advertir que ayer se había convocado una movilización no comunicada en Bilbao por parte de «grupos ultras» con motivo del partido Euskadi – Palestina. Los grupos convocantes desmintieron al consejero y subieron a redes sociales el justificante de que sí habían pedido permiso. Seguridad confirmó que Zupiria no tenía esa información a la hora de realizar las declaraciones.

Al mismo tiempo, al departamento de Seguridad le siguen salpicando los efectos de los graves disturbios del pasado 12 de octubre en Vitoria a consecuencia de un acto de la Falange Española. Un mes después, en respuesta a preguntas parlamentarias de EH Bildu y Sumar, Zupiria reconoció que la Ertzaintza no registró a los grupos falangistas a pesar de que tenía sospechas de que podían portar «armas». Un joven vitoriano denunció haber sufrido un pelotazo por parte de la Policía vasca que le generó heridas graves.