El Gobierno hizo ayer un llamamiento urgente a todas las comunidades para que aumenten «al máximo» su capacidad de acogida de clandestinos procedentes de Canarias, a fin de aliviar la presión migratoria sobre las islas. Los secretarios de Estado de Inmigración y Seguridad, Consuelo Rumí y Antonio Camacho, insistieron en que el Ejecutivo «quiere más colaboración en el traslado de inmigrantes», pero rechazaron comprometer más dinero para los ejecutivos autonómicos.

La tercera comisión mixta entre Gobierno y autonomías sobre los traslados de inmigrantes de Canarias, que hoy convocó en Madrid a los consejeros de las 17 comunidades, no pasó de una reunión exploratoria en la que el Ejecutivo tanteó para saber cuál es el máximo de inmigrantes que estarían dispuestas a acoger las distintas regiones. Aunque las autonomías del PP, principalmente Madrid y Valencia, insistieron en saber cuántos clandestinos quiere traspasar el Gobierno desde el archipiélago, ni Rumí ni Camacho quisieron desvelar la envergadura de la operación. No obstante, fuentes del Ejecutivo adelantaron el lunes que el Gobierno espera que las comunidades dupliquen sus plazas, tal y como han prometido las ONG, hasta tener disponibles unas 4.000 para los próximos meses.

Los responsables de Interior y Trabajo recordaron a los responsables autonómicos que, de los 12.876 subsaharianos trasladados este año desde las islas, sólo 2.475 han sido acogidos por centros gestionados por las comunidades mientras que el resto, 10.449, han pasado por instalaciones dirigidas por ONG. Estos reproches parecieron calar entre los consejeros: todos los representantes, incluidos los del PP, coincidieron en la necesidad de continuar los traslados por «solidaridad» y «corresponsabilidad» con las islas.

La Rioja, nada

Andalucía y Extremadura prometieron que acogerán a más inmigrantes. Las autonomías populares no se negaron a hacerse cargo de más extranjeros, aunque prefieren esperar a saber cuántos quiere evacuar el Gobierno para implicarse más. La cifra se conocerá, como muy pronto, a mediados de la próxima semana. Sólo La Rioja, que aún no ha acogido inmigrante alguno, aseguró que no participará en este programa de traslados.

Buena parte de la reunión se centró en la cuestión económica. Las consejeras de Madrid y Valencia denunciaron que sólo han recibido la mitad del dinero prometido por el Gobierno central para los programas de apoyo a la acogida (182 millones), aunque se aprobó en febrero. También la representante andaluza señaló que la Junta ha debido adelantar buena parte del dinero.

El argumento económico exasperó al Gobierno central. Camacho recordó que el Ejecutivo ha multiplicado por 25 el dinero que el Ejecutivo de Aznar daba a las autonomías para hacerse cargo de los subsaharianos y arremetió contra la Comunidad de Madrid, la más crítica con la política de extranjería de Rodríguez Zapatero. El secretario de Estado dijo que Madrid sólo acoge al 2% de los trasladados y, sin embargo, ha recibido 40 millones, por lo que la Administración central le ha pagado más de 175.000 euros por clandestino.