La Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz ha cerrado con su socio de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), un acuerdo que marcará un antes y un después en las ayudas excepcionales de las que han disfrutado los ucranianos en Alemania desde el inicio de la invasión rusa. Y lo hace en plena oleada de nuevas llegadas. Desde que el Gobierno del presidente Volodimir Zelenski aprobara, el pasado 26 de agosto, el levantamiento de prohibición de salida del país de los varones de 18 a 22 años los hombres de 23 a 60 siguen sin poder cruzar la frontera, Alemania registra cada semana entre 1.000 y 1.800 llegadas de jóvenes ucranianos que buscan un futuro lejos del frente. “Más vale un desertor vivo que un héroe muerto”, es la frase que circula entre colectivos pacifistas y refugiados.
La adaptación de la ayuda social para los ucranianos fue uno de los puntos más importantes del acuerdo de coalición entre la CDU/CSU y el SPD y, aunque supone uno de los cambios más profundos en la política de acogida desde 2022, todo se resume a una fecha: los ucranianos llegados a Alemania a partir del 1 de abril de 2025 perderán el acceso directo a la prestación básica alemana para personas sin ingresos suficientes el principal subsidio social del país y serán derivados al régimen de ayudas para solicitantes de asilo, más limitado y menos generoso. El borrador de la ley de adaptación del sistema de ayudas sociales ya circula por los ministerios, y en los documentos internos del Bundestag se da por hecho el cambio de competencias. Una vez la reforma adquiera cuerpo de ley, las oficinas de empleo e integración dejarán de atender a los recién llegados, que pasarán a depender de los servicios sociales de los Länder y los municipios. Entretanto, todos los ucranianos reciben las mismas prestaciones, con la pregunta en el aire de cómo se aplicará la retrospectividad de la ley. Se está discutiendo la posibilidad de pedir reembolsos a quienes hubieran recibido más de lo que corresponderá en adelante, pero “costaría más procesarlo que lo que se podría recuperar”, opina un alto funcionario.
El viraje en la política de ayudas a los ucranianos se fraguó en una negociación directa entre el ministro del Interior, el democristiano bávaro Alexander Dobrindt (CSU), y la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, del SPD, pese a que esta sostiene que la nueva normativa es un error. “No me gusta, lo digo abiertamente. Pero el cambio se acordó en el acuerdo de coalición y ahora lo vamos a aplicar”, ha declarado.
Fuentes próximas a Bas admiten que ella habría preferido evitar una reducción tan abrupta, pero reconocen que la presión de los municipios, al límite de su capacidad presupuestaria, y el empuje político de la CDU/CSU han hecho que la reforma sea prácticamente inevitable. “No podemos sostener este volumen durante otros dos años”, resume un asesor.
Alemania acoge hoy a más de 1,2 millones de ucranianos, la comunidad más numerosa de refugiados bajo protección temporal en la Unión Europea. De ellos, alrededor de 780.000 están integrados en la prestación básica alemana, que, en su conjunto, perciben unas 5,5 millones de personas. Y esta no es una simple paga mensual, sino un paquete completo de protección social: alquiler y calefacción cubiertos, seguro médico público, cursos oficiales de alemán, formación profesional, ayudas escolares y acompañamiento laboral. En conjunto, cada beneficiario cuesta entre 1.200 y 1.500 euros mensuales, lo que sitúa el gasto anual asociado al colectivo ucraniano en torno a 8.000 millones, dentro de un presupuesto total de unos 35.000 millones destinados en Alemania al apoyo a refugiados.
El nuevo esquema, que presumiblemente se presentará a votación parlamentaria este mismo año, acaba con esa excepcionalidad y es significativo. Serán 110 euros menos al mes, pérdida del acceso automático a vivienda en el mercado libre, sanidad completa y formación reglada. Los últimos en llegar sólo conservarán el permiso de trabajo inmediato. Juristas anticipan litigios por discriminación basada en la fecha de llegada y tensiones en el proceso de integración.
Se calcula que el Gobierno obtendrá un ahorro directo de entre 145 y 150 millones de euros anuales por el recorte en la paga mensual. La diferencia real se mide, sin embargo, en ayudas a la vivienda, sanidad e integración, y parte de esos costes se trasladará directamente a los municipios, lo que ha generado protestas, especialmente en las filas socialdemócratas. El ministro del Interior de Turingia, Georg Maier, ha calificado la reforma pactada por su propio partido de “populista” y ha dudado de que reduzca las llegadas. El diputado socialdemócrata Sebastian Roloff criticó la creación de “dos categorías de ucranianos según la fecha de llegada”, mientras las ONG denuncian que los niveles del régimen de asilo son “indignos” y anticipan desigualdades difíciles de gestionar.
La diplomacia ucraniana también ha reaccionado. La embajada en Berlín recordó que “no es correcto equiparar a todos los ucranianos en el extranjero con evasores de la movilización” y que muchos están registrados en oficinas de reclutamiento. El embajador Oleksii Makeiev aseguró que “los ucranianos no son responsables del agotamiento del sistema de prestaciones alemán” y recordó que Alemania destinó 46.000 millones de euros al programa el año pasado, de los cuales sólo una parte menor corresponde a los ucranianos.

Al mismo tiempo, la CDU/CSU ha definido el marco del debate. El canciller Merz afirma que Alemania debe “reducir los incentivos que atraen migración hacia el sistema social”, y el primer ministro bávaro y líder de la CDU, Markus Söder, planteó retirar la prestación también a quienes ya la reciben, aunque la idea no prosperó. El jefe del grupo parlamentario de la CDU, Jens Spahn, en una reflexión originalmente dirigida a refugiados sirios, declaró que “el patriota lucha por su país o lo reconstruye”, una frase que en Alemania muchos interpretan ahora como una alusión implícita a la diáspora ucraniana.
La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, explicó que el levantamiento parcial de la prohibición para que los hombres de entre 18 y 22 años salgan del país responde a la necesidad de permitir que estos ciudadanos puedan continuar su formación académica, desarrollar habilidades profesionales o trabajar fuera del país, con la expectativa de que esa experiencia pueda beneficiar a Ucrania en el futuro. La medida también intenta frenar la salida masiva de adolescentes justo antes de cumplir los 18 años, ya que muchas familias estaban enviando a sus hijos fuera del país para evitar que quedaran atrapados bajo la ley marcial y obligados a quedarse.
Esta flexibilización, con un doble propósito estratégico y humanitario, escapa a los institutos demoscópicos. Según una encuesta conjunta del Centro de Investigación de la Oficina Federal para Migración y Refugiados, el Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional y el Instituto Federal de Investigación Demográfica, el 60% de los refugiados ucranianos que llegaron a Alemania en los primeros meses de la guerra y casi el 70% de los que llegaron a partir de junio de 2022 desean quedarse de forma permanente en el país.