Las comunidades autónomas gobernadas por el PP acudieron ayer a la Comisión Mixta de Traslados del Ministerio del Interior para exigir información clara y concreta sobre los traslados de inmigrantes a sus territorios. A pesar de que no lograron el plan en el que se detallan las plazas exactas comprometidas con las ONG por parte del Ejecutivo, sí consiguieron el compromiso del Gobierno para facilitárselo cuanto antes por escrito.

Lucía Figar, consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, dejó muy clara su postura: «Estamos dispuestos a estudiar lo que sea, pero que nos den el plan de traslados». Figar insistió ayer a este periódico en que «el problema va más allá de la acogida», por lo que además de claridad en las cifras exigen al Gobierno que reparta las ayudas, porque «ninguna comunidad las ha recibido por completo y algunas», en referencia al País Vasco, «ni siquiera han firmado el convenio», explicó.

Alicia de Miguel, su homóloga valenciana, insistió en que los representantes del Gobierno, entre los que no se contaba el ministro Caldera, «en ningún momento hicieron un análisis serio sobre la situación» para poder resolverla. Según ella, «el secretario de Estado de Interior llegó a afirmar que estaban recibiendo felicitaciones desde Europa». De Miguel incidió en que esta falta de análisis provoca «una gran preocupación» en las comunidades gobernadas por su partido.