Pide que sólo los legales puedan empadronarse Cambiar la Ley de Extranjería para prohibir nuevas regularizaciones masivas; concentrar todas las competencias en un único responsable de Interior; exigir el permiso de residencia para empadronarse en los ayuntamientos; fortalecer las fronteras; incluir dotaciones en los Presupuestos, cooperar con la UE… Todas estas medidas fueron ayer desgranadas ante la junta directiva del PP por un Rajoy remozado y decidido a aportar soluciones a la inmigración ilegal.

Incluso se mostró dispuesto a llevarlas al Parlamento español, a la Eurocámara, y, en persona, a la propia Comisión Europea.

La batería de medidas con que el presidente del PP sorprendió a los suyos, representa sólo las bases para el trabajo de una conferencia política que el partido celebrará en noviembre, y cuyas conclusiones irán a parar, en buena medida, al programa de las generales. Un objetivo para el que el líder popular marcó ayer el arranque solemne de la cuenta atrás.

La inmigración, que sirvió así a Rajoy de punto de partida para una nueva oposición de alternativas, concentró ayer el trabajo de dos años en la dirección del PP, que se tradujo en un compendio de realpolitik con aires de programa electoral.

La ley, la seguridad, la cooperación internacional y la integración fueron los cuatro ejes sobre los que el PP construyó su alternativa con un pretendido efecto inmediato: acabar con el efecto llamada.

En el primero de los capítulos, dos cambios fundamentales: el de la Ley de Extranjería, para prohibir de manera expresa futuras regularizaciones masivas, como la que el Gobierno del PSOE acometió mediante una mera modificación de su Reglamento, y la de la Ley de Bases del Régimen Local. En este caso, se trata de incluir un requisito que la ley no contempla para el empadronamiento en los ayuntamientos.

Los populares aseguran que no quieren «recortar derechos» y que en absoluto se van a oponer a que los ambulatorios y las escuelas den servicio a los inmigrantes. A lo que se oponen es a que el padrón se convierta en un documento de aparente legalidad para los extranjeros, y lo que sí proponen ahora, tal como ocurre en Europa, es que éstos sólo puedan empadronarse mediante un permiso de residencia expedido por el Ministerio del Interior.

Los detalles sobre las condiciones para la expedición de este documento – vinculado por ley al contrato de trabajo – se concretarán en la conferencia política. De momento, la propuesta del PP sólo alcanza, dicen, a la manera más eficaz de lanzar un mensaje a las mafias de que el coladero se ha acabado. Eso sí, entre las medidas expuestas ayer, Rajoy adelantó la de concentrar en un «único responsable político todas las competencias en Interior».

En el capítulo de seguridad, el PP abogó ayer por fortalecer los controles en las fronteras. Y ello en un triple escenario. Por un lado, en los aeropuertos – Rajoy mencionó sus acuerdos con «Amsterdam», cuando estaba en el Gobierno, para extender a las fronteras holandesas el control de la inmigración lationamericana a España – ; por otro lado, en el paso terrestre de la Junquera. En ambos casos, Rajoy propuso ayer la recuperación de «equipos mixtos» de policía en varios países de la Unión Europea. Por último, y en cuanto al control de los cayucos en Canarias, Rajoy exigió la instalación en las islas del Sive (Sistema Integral de Vigilancia Exterior), un operativo para el control de embarcaciones que el Gobierno popular inauguró en agosto de 2002 en Algeciras para frenar la llegada de pateras por el Estrecho, y que luego extendió a Málaga, Cádiz y Granada.

El tercer gran eje de la alternativa popular al fenómeno de la inmigración retoma también, en buena medida, la experiencia de gobierno del partido. No sólo proponen fortalecer la política de desarrollo en los países de origen de los inmigrantes – ya inaugurada por Aznar – , sino que rescatan el Consejo de la UE celebrado en Sevilla en 2002 para dar un paso más en su propuesta.

Si la Unión concluía entonces que los acuerdos de cooperación con países terceros (africanos entre ellos) habrían de estar condicionados a la «gestión común de los flujos migratorios y a la readmisión», los populares abogan ahora por «primar», o favorecer a los países que efectivamente colaboren en la política europea de inmigración que, por supuesto, según el PP, habrá de ser «concertada» como corresponde a un asunto propio de la política exterior europea.

Por último, los populares extienden su alternativa al capítulo de las dotaciones presupuestarias que, según se desprende de su propuesta, es la que mejor favorece la integración. Así, proponen asignar «fondos» tanto para el refuerzo de fronteras como para la creación de «nuevos centros de acogida», así como un «órgano especial de atención a los menores». A todo esto el PP suma un «fondo de cooperación anual entre las distintas comunidades autónomas».