El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, acusó este lunes al Ejecutivo central de «hacer trampas» en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo aliviando así la situación de hacinamiento en los centros de las islas. «Sacar a los menores del catálogo de los centros de Canarias para cumplir con el Supremo, pero no sacarlos de Canarias, para mí personalmente es hacer trampa», afirmó.

Cabello se refería a que el Gobierno de España «ha abierto», dijo, un centro de menores en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en la Casa del Marino, y mantiene a 300 en el Canarias 50, un centro de tránsito hacia la península. Cabe recordar, no obstante, que una veintena de menores que estaban en el viejo acuartelamiento de La Isleta había solicitado no marcharse a la península por arraigo. Para ellos el Estado debe habilitar plazas en el sistema de protección en las islas.

Para Cabello, no obstante, el Gobierno del Estado está «incumpliendo de manera sistemática» la obligación de derivar a menores migrantes a la península, tal y como dictaminó el alto tribunal. «Les recuerdo que el Tribunal Supremo dio un plazo de diez días hace ocho meses para que el Gobierno del Estado aliviara la situación de hacinamiento en los centros de menores de Canarias», subrayó. «Ocho meses después y con dos cautelares más, seguimos igual».

Según el portavoz, en los últimos días «parece que el Gobierno del Estado se ha puesto las pilas» pero «desde el 1 de septiembre han llegado 131 menores más» a las islas, mientras que «solo se han derivado 20 a la península y nueve han cumplido la mayoría de edad». Por tanto, advirtió, «el saldo sigue siendo negativo».

El portavoz consideró que el Ejecutivo central le «está fallando a los niños y niñas, le está fallando a Canarias y se está desobedeciendo al Tribunal Supremo».

E insistió en que el Tribunal Supremo «habla de revertir la situación de hacinamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, no solo de los centros dependientes del Gobierno canario». A su juicio, el problema no es únicamente «la cantidad de niños y niñas», sino «la saturación que impide garantizar un proyecto de integración social a esos menores».

Asimismo, recordó que la Ley de Extranjería establece que los menores deben ser trasladados en un plazo máximo de quince días. «En Canarias hay ahora mismo 4.445 menores bajo tutela, cuando le corresponderían 700», denunció. En realidad según la capacidad de acogida ordinaria la cifra de 700 puede triplicarse, una vez supera si se estará en situación de contingencia migratoria extraordinaria como está en este momento el archipiélago. El portavoz subrayó que Canarias «no puede seguir en solitario abordando este asunto» y reclamó al Gobierno central «dar cumplimiento efectivo» al mandato del Supremo.