Cuando el acoso escolar se cuela en un hogar la herida que se abre no cicatriza jamás. Y no solo pasa con las víctimas, los padres acaban también atrapados, de un día para otro, en ese infierno. La Vanguardia ha hablado con cuatro familias de Ibiza, Navarra, Alicante y Hospitalet de Llobregat tocadas por ese drama.

En tres de los casos hay sentencia condenatoria –algo muy difícil de conseguir con el acoso escolar– pero esos fallos, aunque sí alivian, no siempre curan el mal causado. El cuarto, el suicidio de Laura, acaba de dar un giro en el juzgado.

“Das asco de lo gordo que eres”. El pasado mes de julio en la casa de Lydia, vecina de Eivissa, se celebró con gran alegría una sentencia: el Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears condenaba a la Conselleria d’Educació a indemnizar con 20.000 euros a su hijo, Marcos, por el acoso escolar sufrido entre los 10 y 12 años. ¿Su delito? Ser entonces obeso. La sentencia lo deja claro: el instituto Isidor Macabich no hizo nada ni activó ningún protocolo para evitar ese acoso.

Esa resolución judicial –la familia ha estado representada por la abogada Noelia Rebón– ha marcado un antes y un después en esta familia de Eivissa. Llevaban años, desde 2011, atrapados en el infierno del bullying.

“Es muy duro pasar por todo esto y más cuando nadie te apoya, ni asume responsabilidades”, afirma Lydia. Por eso, “una sentencia como esta supone un gran alivio y, aunque no cura todo el mal, sí es reparadora al comprobar que por fin se ha hecho justicia”. La alegría de esa familia fue mayor después del poco, por no decir nulo, apoyo encontrado en el colegio. “Intentaron hacernos creer que el culpable de todo era nuestro hijo”, revela la madre de Marcos.

Los 20.000 euros de la indemnización son lo de menos: “lo que hemos sufrido toda la familia y especialmente mi hijo no se paga con dinero”.

El caso de Marcos –hoy en segundo curso de Ingeniería Informática en la Universidad– es de libro. Durante años sufrió en silencio ese acoso. No dijo nada en casa.” Era el gordito de la clase”, recuerda su madre. Cuando se derrumbó –fue víctima también de agresiones físicas que sus verdugos grabaron– los padres de Marcos descubrieron de un día para otro la gravedad de los hechos.

Y entonces afloró el sentimiento de culpa: “¿Qué hemos hecho mal, por qué no lo detectamos antes?” Son las preguntas que Lydia confiesa haberse repetido los últimos años. Una sentencia, como en este caso, ayuda a rebajar ese sentimiento de culpa. “Ahora la Justicia nos dice que nosotros no teníamos capacidad de vigilancia ni control cuando Marcos estaba la mayor parte del tiempo en el colegio; eran sus profesores los que deberían haber detectado a tiempo lo que ocurría”. Consuelo, que, aunque no cura completamente el mal sufrido, sí que alivia.

“China, asiática, gorda, cerda…”. Ángela, amante de la música K – pop, rompió a llorar cuando supo que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana le ha creído. La sentencia que provocó ese mar de lágrimas condena a la Conselleria d’Educació y al IES de Catral (Alicante) a indemnizarla con 20.000 euros por el infierno sufrido en esta escuela cuando tenía 12 años.

Lo recuerda Maite, la madre de Ángela. “No deseo ni para mi peor enemigo el calvario que nosotros hemos pasado”. Mi hija no está curada del todo –aún va al psicólogo—, pero esa sentencia es la prueba de que ella nunca mintió y la constatación de que es la única víctima de esta historia”, afirma la mujer.

Ángela era diana de insultos a diario en la escuela. ¿Los acosadores? “Tres compañeros de clase, que se han ido de rositas”, afirma Maite. Los padres de Ángela –representados por el abogado, Pablo Pérez Sola– los denunciaron por la vía penal, pero la causa no prosperó.

“Eso ha dolido, porque pese a quedar probado todo lo que hicieron –robaban el material escolar a la niña, la empujaban, le tiraban la mochila a charcos, la embadurnaban con la tiza de la pizarra…– ha sido imposible la condena. “El sistema ahí ha fallado”, critica la madre.

Así que el único alivio ha sido el castigo al centro y a la administración por la vía civil. Como pasa en todos los hogares en los que se cuela el bullying, solo esas familias saben lo que se sufre “con un tema que no es una simple chiquillada”, repite Maite.

Ángela –hoy tiene 18 años y estudia en un centro de adultos–intentó suicidarse en varias ocasiones “y se autolesionaba, escondiéndonos a todos esas heridas”, recuerda su madre.

Kira, Sandra, Dani… Son menores que se quitaron la vida y cuya muerte sus padres achacan al acoso escolar. El mismo final que tuvo Laura, un caso que acaba de dar un vuelco después de que la Audiencia de Barcelona haya ordenado reabrir una investigación a la que un juzgado de Instrucción de L’Hospitalet de Llobregat dio carpetazo.

Laura tenía 14 años cuando decidió dejar este mundo. Toda una vida por delante truncada al no poder soportar más, repite su padre, Toni Espinosa, el acoso continuado sufrido en el colegio. “Tenían que velar por su seguridad y educación y no lo hicieron”, sentencia.

Y la historia se repite; solo los padres que han pasado por uno de estos episodios pueden dar fe del dolor e impotencia causados por la pérdida de una hija o hijo por culpa del acoso escolar. “Hay que tener mucha maldad para actuar como lo hacen estos verdugos”, repite Toni. Y esas familias constatan, además, lo difícil, por no decir casi imposible, que es llevar a juicio a los culpables. Esa familia está ahora en ese proceso.

En el caso de Laura, sus padres han asumido que los acosadores, si no hay un giro inesperado, van a quedar impunes. Así que su lucha se centra ahora en conseguir, por lo menos, que el colegio (Sagrada Familia de Cornellà) que según ellos “no hizo nada para evitar ese acoso y minimizó los hechos” pague con una condena por esta precoz muerte. El centro lo niega todo.

“El perdón, a estas alturas, ya no sabemos si nos vale; pero sí queremos que se asuman responsabilidades entre aquellas personas que no hicieron bien su trabajo”, añade Toni. Consciente de que a Laura nadie se la va a devolver.

Tras reabrirse este caso en los tribunales ha llegado una declaración demoledora. Es el testimonio prestado en el juzgado por una amiga de Laura. Ha corroborado que esa menor era vejada casi a diario en el colegio (“asquerosa, apestosa, cerda…”) y que los profesores lo veían y sabían  – reveló en su declaración esa escolar – , pero no hicieron nada para acabar con ese cruel acoso.

Laura, sigue contando su familia,  era una alumna agraciada físicamente y buena estudiante. Su padre cree que se metían con ella “porque era introvertida y muy especial; no sabía defenderse y fue una diana fácil para los acosadores”.

En este caso sus padres detectaron, antes del suicidio, que algo iba mal. Pero Laura, como la mayoría de las víctimas, no contaba nada. Nunca imaginaron el infierno vivido en silencio por su hija en la escuela. De todo eso se han enterado después al buscar explicaciones a su inesperada y repentina muerte.

“Puta latina”. El infierno –en este caso con tintes racistas– vivido en la escuela por Isabel (el nombre es ficticio) duró años. El acoso empezó en el curso 2013/14 (ella tenía 12 años) y se prolongó hasta el 2016. Ocurrió en Navarra. La principal instigadora, compañera de clase, fue condenada por un delito contra la integridad moral. ¿El castigo? 14 meses de libertad vigilada y otros 18 meses de alejamiento (300 metros) de la víctima.

Probar por la vía penal una de estas acusaciones y sentar a los verdugos en el banquillo resulta muy complicado. Son contadas las sentencias con pena para los acosadores. “Como letrado es un orgullo haberlo conseguido en este caso”, afirma Juan José Lozano Matute, el abogado que ejerció la acusación particular y se puso en la piel de esta familia. Esa sentencia fue la primera dictada en Navarra en la que se consiguió una condena por acoso escolar.

La acosadora de Isabel, recuerda su madre, Pilar (el nombre también es supuesto) se preocupó de aislarla del resto de compañeros. Los insultos continuaban después de clase en las redes sociales. Cualquier excusa valía para el escarnio de todos. “Muérete, no quiero que respires el mismo aire que yo”, llegó a gritar esa acosadora delante de otros alumnos. Isabel protagonizó varios intentos de suicidio.

Ha transcurrido más de una década del calvario vivido por esa familia de Tudela. Así que la pregunta en este caso, más de diez años después, es obligada ¿El paso del tiempo cierra las cicatrices de las heridas abiertas por el acoso escolar? “No”, responde sin dudar Pilar. “Esta lacra deja secuelas de por vida”, añade.

Y lo que más cuesta a los padres –en este caso los progenitores de Isabel se llegaron a acusar entre sí, confiesa la madre– “es superar el sentimiento de culpa”. Esa pareja se enteró de lo que pasaba en la escuela de su hija (los Jesuitas de Tudela) dos años después de empezar ese acoso.

Pilar lo tiene ahora claro: “tenían que haber sido sus profesores los que detectaran desde el principio ese infierno”. Y es que Isabel siempre respondía lo mismo cuando su madre le preguntaba si pasaba algo. “Tranquila, estoy bien”, les decía a sus padres .

La sentencia absolutoria fue un gran alivio para Isabel (hoy tiene 25 años y cursa estudios de nivel medio) porque es la prueba de que había dicho la verdad. Aunque si hubiese sido por ella su caso jamás habría llegado los juzgados. “No hace falta denunciar, no lo hagáis porque nadie me va a creer”, repetía esa menor a sus padres cuando todo se descubrió. Se equivocaba.