La negociación formal entre el PP y Vox para elegir al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana está a punto de arrancar, según fuentes del partido de Santiago Abascal. Una vez que Mazón ha formalizado su dimisión ―publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE)―, se ha abierto un plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten candidato a la investidura, por lo que el reloj corre en contra del PP, que aún no ha revelado el nombre del aspirante a suceder al todavía president.

Abascal ha encargado a su número dos, Ignacio Garriga, que pilote la negociación, para lo que contará con Montserrat Lluis, recientemente ascendida al cargo de secretaria general adjunta. La elección de los interlocutores evidencia la importancia que Vox atribuye a la negociación del futuro presidente de la Comunidad Valenciana, que Abascal ha convertido en campo de pruebas de la nueva generación de pactos a los que aspira a llegar con el PP. Tras los acuerdos que siguieron a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en los que Vox primó la entrada en gobiernos de coalición, ahora su estrategia pasa por condicionar desde fuera a los ejecutivos del PP, imponiéndoles sus políticas.

Abascal ya ha dejado claro que su prioridad es el rechazo al Pacto Verde europeo y un compromiso por parte del nuevo presidente valenciano de que se opondrá por todos los medios a la acogida de inmigrantes irregulares, dos cesiones que ya arrancó a Mazón, pero no ha descartado elevar ahora la presión con nuevas demandas. Por su parte, Garriga ha anticipado que su partido mantendrá una “actitud más firme y exigente” que en anteriores negociaciones con el PP.

El líder de Vox mantenía buena sintonía con Mazón, quien le llamó para anticiparle su decisión de dimitir, y no ha ocultado su enojo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haberlo dejado caer. Incluso le acusó de haber entregado “un chivo expiatorio a Pedro Sánchez”, a quien Abascal considera “el gran culpable de la tragedia de la dana”; a pesar de que el Tribunal Supremo archivó la querella que interpuso Vox contra el presidente del Gobierno y varios ministros, mientras que la juez de Valencia investiga la posible actuación negligente de la Generalitat.

Feijóo y Abascal mantuvieron el pasado martes una conversación telefónica sobre el futuro de la Comunidad Valenciana “cordial y en buen tono”, en la que ambos estuvieron de acuerdo “en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año”, según fuentes del PP. Los dos líderes de la derecha coincidieron el jueves por la noche en la fiesta de un digital madrileño, en la que Abascal advirtió a Feijóo de que jugaba a una “lotería muy peligrosa” con sus cambios de actitud hacia Vox.

Mientras Feijóo insiste en que sería irresponsable ir ahora a elecciones en la Comunidad Valenciana, Abascal ―con el viento de las encuestas a favor― asegura no temerlas. El partido ultra no ha detallado sus exigencias, pero fuentes de la formación anticipan que el discurso de investidura del candidato a presidente valenciano deberá incluir una declaración solemne de rechazo al Pacto Verde europeo y la política de inmigración como el que hizo Mazón en marzo pasado, como paso previo a la aprobación de los Presupuestos.

Además, su sucesor tendrá que confirmar los acuerdos ya alcanzados con el hasta ahora líder de los populares valencianos, como “neutralizar” la ley Trans, implantar la “prioridad nacional” en las ayudas sociales, hacer estadísticas segregadas del uso de la sanidad pública por parte de los inmigrantes, rebajar los impuestos a las nucleares y eliminarlos para los patrimonios de hasta un millón de euros o relegar el uso del valenciano. Pero también podría plantear nuevas demandas, como el cierre de los centros de menores, que ya ha conseguido en Murcia, tras conseguir que se someta a pruebas de edad a los menores extranjeros.

Vox asegura que no quiere hablar de nombres para suceder a Mazón, pero fuentes próximas al partido no ocultan que tienen preferencias y que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no es su favorita. El problema, reconocen estas fuentes, es que, una vez investido, el nuevo presidente valenciano tendrá manos libres, ya que están aprobados los Presupuestos, por lo que la formación ultra quiere asegurarse de que cumplirá lo prometido.