El movimiento independentista catalán ha vuelto a situar la cuestión lingüística en el centro del debate con una serie de iniciativas destinadas a reforzar el uso del catalán entre la población inmigrante. Diversas entidades y partidos han promovido campañas que, bajo el argumento de la “integración cultural”, buscan que los recién llegados adopten el catalán como lengua prioritaria en su vida cotidiana.

El Parlament de Cataluña aprobó el pasado marzo una

moción impulsada por Junts per Catalunya

que define el catalán como la

“lengua de acogida”

para las personas inmigrantes. La propuesta, que contó con el apoyo de

PSC, ERC, Junts y Comuns

, sostiene que “el conocimiento y el uso del catalán forman parte del derecho y deber de los ciudadanos de Cataluña”, en línea con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

Según el texto aprobado, las políticas de integración deberán incorporar programas lingüísticos que garanticen que toda persona recién llegada a Cataluña aprenda catalán “de forma efectiva”, con cursos subvencionados y talleres organizados por ayuntamientos y entidades colaboradoras.

Sin embargo, la medida ha despertado críticas entre sectores constitucionalistas, que la consideran una forma de

“imposición encubierta”. Desde

Ciudadanos y el PP

se ha denunciado que el Govern “pretende utilizar la integración de los inmigrantes como instrumento ideológico para extender la inmersión lingüística fuera de las aulas”.

El debate se ha intensificado tras una campaña lanzada por la

Plataforma per la Llengua

, una organización vinculada al ámbito soberanista, que llevó a cabo inspecciones en

129 comercios de Granollers y Barcelona

para comprobar si los trabajadores atendían en catalán. La entidad animó a denunciar los establecimientos que no cumplieran con la normativa lingüística de consumo, lo que provocó acusaciones de “patrullas lingüísticas” y “acoso ideológico”.

Desde el independentismo, sin embargo, defienden que estas acciones son necesarias para

preservar la lengua catalana

y evitar que “quede relegada en su propio territorio”. La consellera de Cultura,

Natàlia Garriga

, ha insistido en que “aprender catalán es una oportunidad de integración y de igualdad”, mientras que entidades como Òmnium Cultural o la propia Plataforma per la Llengua aseguran que el uso del catalán es un elemento de cohesión social y no de exclusión.

En el terreno práctico, la Generalitat prevé destinar

más de 20 millones de euros

en 2025 a programas de enseñanza del catalán para adultos inmigrantes, ampliando la red de cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Pese a la defensa institucional, la polémica refleja el

choque de visiones sobre la política lingüística

en Cataluña: mientras el independentismo habla de integración y cohesión, los críticos alertan de un uso político del idioma y de un

trato desigual al castellano

, especialmente en la educación y en los servicios públicos.

Con estas nuevas medidas, el Govern y las entidades soberanistas refuerzan su apuesta por un modelo en el que

el catalán no solo sea la lengua vehicular en las escuelas

, sino también la

lengua de integración social y administrativa

, una política que, según sus detractores, convierte el proceso de acogida en un instrumento de identidad nacional.