Los solicitantes de asilo en Irlanda que tengan un trabajo pero residan en viviendas proporcionadas por el Estado desde centros de acogida hasta hoteles van a tener que pagar. Así lo ha decidido el Gobierno de coalición de centroderecha que gobierna ese país desde el 25 de enero. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, afirmó este martes que la medida es, en su opinión, “justa”. Martin pertenece al Fianna Fáil, el partido que controla el actual Gobierno en combinación con los liberal-cristianodemócratas del Fine Gael.
Según la propuesta, los solicitantes de asilo con un empleo podrían verse obligados a pagar una tasa semanal al Estado que oscilaría entre 15 y 238 euros, en función de sus ingresos, con un sistema escalonado de nueve tramos de renta que determinaría la cuantía del pago. Por ejemplo, quienes ganaran entre 97 y 150 euros semanales pagarían 15 euros a la semana, mientras que los que ingresaran 600 euros a la semana o más podrían tener que abonar hasta 238 euros. No abonar esas cantidades durante un determinado periodo de tiempo podría ser penalizado con acciones legales. La persistencia de las deudas también abriría la puerta a la posibilidad de que un refugiado no pudiera obtener la ciudadanía irlandesa hasta que no pusiera en orden sus cuentas con el Estado. De los 32.774 solicitantes de asilo que había en Irlanda en julio, la medida afectaría a unos 7.600, es decir, algo menos de la cuarta parte. En la actualidad, los solicitantes de asilo reciben una asignación semanal de unos 38,80 euros por adulto y 29,80 euros por niño.
La tasa por alojamiento supondrá un cambio significativo en la política irlandesa de acogida de inmigrantes y requeriría nueva legislación para poder aplicarse. Con todo, parece que hay una mayoría más que suficiente en el Legislativo del país para aprobar una ley que lo establezca. De hecho, uno de los políticos más duros en materia de inmigración es el titular de Exteriores y Defensa, Simon Harris, perteneciente al Fine Gael, el socio más pequeño de la coalición de Gobierno, más cercano a posiciones liberales en lo económico y social y menos intervencionista en la economía.
Harris declaró en 2024 que Irlanda estaba ofreciendo un “vacío legal” a los solicitantes de asilo en el Reino Unido que el Gobierno conservador de ese país, dirigido por Rishi Sunak, trató sin éxito de expulsar al país africano de Ruanda, con independencia de su nación de origen. Más recientemente, Harris ha vinculado la delincuencia a la llegada de inmigrantes y ha declarado que la llegada de extranjeros es la principal causa de que haya personas durmiendo en las calles en Dublín.
Los principales promotores del plan son el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, y el ministro de Estado (un cargo que podría considerarse equivalente al de secretario de Estado en España), Colm Brophy. O’Callaghan es de Fianna Fáil, un partido considerado conservador tradicional, tanto en lo político como en lo social, mientras que Brophy es del Fine Gael.
La imposición del gravamen a quienes llegan a Irlanda para solicitar asilo es sólo una parte de lo que el Ejecutivo de Dublín quiere que sea un paquete de medidas más amplio para frenar la llegada de inmigrantes. Así, una de las medidas que están siendo valoradas, aunque aún no ha recibido luz verde, es la reducción de 90 a 30 días del periodo de tiempo que los refugiados de Ucrania pueden residir en alojamiento del Estado o sufragados por el Estado.
La reacción de Irlanda contra la inmigración es un cambio histórico, porque si hay algún país que haya generado inmigrantes en los últimos siglos, es ese. De hecho, la población irlandesa actual, de 5,4 millones, es inferior en un 37% al máximo histórico del país de 8,4 millones, alcanzado a finales del siglo XVIII. Fue entonces cuando una combinación de hambrunas, sumada a la política de ocupación del Reino Unido, lanzó a millones de irlandeses por el mundo, especialmente al Reino Unido (los más pobres) y a Estados Unidos (quienes podían permitirse pagar un barco).
En Estados Unidos, los irlandeses, católicos y sin formación, eran considerados como seres humanos de tercera clase por la población local, mayoritariamente de origen británico y con una fuerte presencia de escoceses-irlandeses, es decir, la comunidad de fanáticos protestantes que Londres había utilizado en Irlanda para llevar a cabo la limpieza étnica de los católicos aborígenes. La película de Martin Scorsese Gangs of New York trata de ese choque inmigratorio. El libro Lo que el viento se llevó también versa sobre la asimilación de los irlandeses en Estados Unidos, aunque ese elemento quedó fuera de la famosa película del mismo nombre.