El último reportaje de

TV3

sobre un

desahucio en el municipio gerundense de Salt

ha reabierto el debate sobre el posible s

esgo ideológico de la televisión pública catalana. Bajo la apariencia de una historia de vulnerabilidad social,

la cadena presentó como víctimas de un desalojo a

inmigrantes en situación irregular

que habían ocupado ilegalmente una vivienda.

El fragmento más comentado del reportaje fue la frase en la que la periodista explicaba que la familia “había optado por ocupar un piso ante la falta de vivienda”. Un tono aséptico, casi justificativo, que provocó una oleada de indignación en redes sociales.

“Es absolutamente bestial”, escribió el periodista

Josep Sala i Cullell

, denunciando que TV3 “normaliza que unos marroquíes sin papeles usen el sistema público y vendan la okupación como algo legítimo”.

El caso que TV3 presentó como un drama social era en realidad un

desahucio por impago hipotecario

, ejecutado el

7 de marzo de 2025

contra un

imán y su familia

que llevaban años residiendo en la vivienda.

Tras el desalojo, Salt vivió

dos noches de disturbios

, con lanzamiento de piedras, quema de contenedores y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Pese a ello, la televisión pública catalana se refirió a los altercados como “protestas por la falta de vivienda”.

Mientras los antidisturbios trataban de recuperar el control de las calles, TV3 insistía en que los disturbios eran “una reacción al drama habitacional que afecta a la comunidad migrante”. El enfoque fue calificado por numerosos analistas como un

ejemplo de manipulación informativa

: omitir el contexto de okupación y reducir los hechos a un simple conflicto social.

Salt no es un caso aislado. Es uno de los municipios catalanes con

mayor índice de ocupaciones ilegales y delincuencia asociada

, según datos del

Ministerio del Interior

, que apuntan a un

aumento del 1.392 % de las okupaciones en la provincia de Girona

desde 2009.

Los vecinos llevan años denunciando

falta de seguridad, lentitud judicial y ausencia de respuesta institucional

, mientras el Ayuntamiento y la Generalitat insisten en hablar de “emergencia habitacional” y “problemas estructurales del mercado de alquiler”.

El

alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC)

, pidió calma tras los disturbios y aseguró que la familia desalojada “no cumplía los criterios de vulnerabilidad”. Aun así, TV3 omitió en su cobertura las declaraciones que matizaban el caso, reforzando la sensación de que la cadena “selecciona los hechos que encajan con su discurso”.

No es la primera vez que

TV3

es acusada de

blanquear la okupación o suavizar episodios de violencia

vinculados a movimientos de extrema izquierda o al independentismo. En los últimos años, su línea editorial ha sido cuestionada por convertir noticias de delincuencia o conflictos vecinales en historias de “resistencia social”.

En este caso, el enfoque del reportaje ha vuelto a encender el debate sobre el papel de la televisión pública, financiada con fondos de todos los contribuyentes. Muchos ciudadanos consideran que TV3 ha perdido su función de servicio público y actúa como

altavoz ideológico del Govern.

La realidad de Salt, marcada por la

falta de vivienda asequible, la inseguridad y la presión migratoria

, difícilmente puede reducirse a un simple caso de “injusticia social”. Las cifras hablan por sí solas: cientos de pisos ocupados, recursos sociales saturados y una convivencia cada vez más tensa.

Mientras los vecinos piden soluciones y seguridad, TV3 continúa ofreciendo un relato que muchos califican de

irreal y partidista

, donde la responsabilidad de quienes ocupan viviendas ajenas desaparece, y el foco se dirige únicamente hacia un supuesto “sistema opresor”.