La secretaria de Estado de Migraciones (SEM), Pilar Cancela, ha avanzado este martes que con los traslados de esta semana habrá un total de 567 menores no acompañados solicitantes de asilo en el sistema de acogida de protección internacional del Estado y espera que antes del 20 de noviembre todos los menores no acompañantes solicitantes de protección internacional acogidos por el ejecutivo canario se integren en este sistema, según aseguran fuentes de la comisión interadministrativa de los gobiernos de España y Canarias sobre menores no acompañados solicitantes de asilo.

En el marco de una nueva reunión de esta comisión, Cancela ha dado cuenta de las previsiones de Migraciones para dar cumplimiento al último auto del Tribunal Supremo, que el pasado 23 de octubre requirió a la Administración General del Estado que en un plazo “improrrogable” de 15 días procediera dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

Hoy mismo se ha remitido un oficio desde la Secretaría de Estado de Migraciones al Gobierno de las islas para que se efectúe el traslado de 100 menores al centro de derivación de Canarias 50, lo que se traduce en que, una vez que se lleve a cabo dicho traslado, al Gobierno de España le restará la acogida de 269 niños y niñas solicitantes de asilo.

La SEM ha garantizado que el Gobierno de España está en disposición de dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo en tiempo en forma, lo que supone disponer de plazas suficientes antes de la fecha límite marcada por las nuevas medidas cautelares, y siempre que el Gobierno canario también cumpla con sus obligaciones: envío de expedientes y de documentación requerida, así como autorizaciones necesarias para poder realizar los traslados a península.

Cancela también insistió en la necesidad de que el Gobierno de Canarias remita la documentación de cambio de guarda de los menores que ya están en península, ya que la ausencia de este trámite está generando problemas significativos a las entidades que se encargan de su acogida en los diferentes centros de península como, sobre todo, a los propios menores.