“La vida migrante es muy difícil”, explica la mujer mientras remueve su café. Duda mucho sobre si debe decir lo que le gustaría decir: “Las condiciones laborales son de lo peor, mientras en otras envasadoras cobran 8 euros la hora, a nosotros nos están pagando 5,90”. Hace dos años que llegó a España desde Paraguay y dice haber entendido que “como somos migrantes pareciera que tenemos que aguantarlo todo, porque necesitamos el trabajo”. Pese a decidirse a hablar, prefiere no dar su nombre. Por eso, la llamaremos María. Según explica a Público, tiene una habitación alquilada en Roquetas de Mar (Almería) –a 350 euros– y su objetivo es ahorrar dinero para volver a Paraguay. María no quiere poner en riesgo este objetivo, así que cuenta cómo es trabajar en Almería siendo inmigrante, pero se niega a poner nombre a esas empresas que la explotan.

Los que, como ella, vienen desde Latinoamérica a España para trabajar, se encuentran entre la espada y la nada: o asumen las condiciones laborales que les ofrecen, por pésimas que sean, o son expulsados del mercado laboral. Así que muchos aprietan los dientes y recogen los pimientos que crecen en los invernaderos, envasan la fruta y atienden las terrazas abarrotadas de gente. Ambos sectores –agrícola y servicios– son un importante foco de fraude laboral, especialmente el primero. Según un informe de CCOO, entre 2019 y 2023, Inspección de Trabajo detectó a 1.600 empleados sin contratos y sancionó a varios empresarios por irregularidades en los puestos de trabajo de otros 11.000 trabajadores.

Aún así, María y sus compañeros son puestos en la diana del discurso antiinmigratorio. Solo hace falta asomarse a uno de los muchos grupos de difusión de odio racista en Telegram para toparse con uno de los principales bulos promovidos contra los extranjeros: que reciben ayudas por el mero hecho de encontrarse en España. Pero estos mensajes no se lanzan contra todos los foráneos, sino únicamente contra quienes vienen del Sur Global. A España también se mudan italianos, británicos o alemanes. Cuanto más del norte de Europa provienen, más cerca están de la edad de jubilación.

Flourish logoA Flourish data visualization
Esta diferencia de edad, explica el economista Juan Iglesias, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), marca una diferencia fundamental. “Los del norte y el centro de Europa, así como de otros países del Norte Global, vienen a España siendo mayores. Son jubilados o prejubilados, sin familia y con dinero, y consumen un tipo de servicios sociales diferentes”. Estas diferencias en la edad también evidencian las problemáticas relacionadas con el consumo de recursos. “No va a haber overbooking de británicos en los colegios porque no vienen con hijos”.

El sector agrícola y de servicios, donde son empleados muchos trabajadores extranjeros, son un importante foco de fraude

Además, recalca, estos inmigrantes se instalan en “áreas geográficas diferentes” que los del Sur Global, que, en cambio, comparten barrio con las clases populares autóctonas, quienes también tienen una mayor demanda de servicios públicos que las pudientes. Quienes habitan estas áreas urbanas, viven bajo el imperio de la precariedad laboral. Aun así, las perspectivas económicas y laborales que España ofrece resultan suficientes para quienes vienen de países con enormes desigualdades y pocas oportunidades –como Marruecos o Rumanía– o ciclos de violencia recurrentes –como Colombia o Ucrania–.

Por eso, abunda Iglesias, los inmigrantes “reciben menos prestaciones por desempleo”. Es decir, “tienen peor trabajo, sus contribuciones son peores y reciben menos [contraprestaciones]”. El desequilibrio es aún mayor si se observa lo que aportan a las pensiones, principal pilar del Estado del bienestar español.

Landscape of change, una investigación periodística internacional coordinada por Amphora Media y en la que ha participado Público, muestra que son precisamente los extranjeros que más demandan recursos públicos los que más dificultades tienen para acceder a ellos. Según las fuentes consultadas, este fenómeno es muy notorio: los extranjeros que trabajan en España son los que menos acceso tienen a las contraprestaciones por desempleo.

Relacionado con este tema
España 2000 o los Yomus de “Guillem jódete”: los amigos de Vito Quiles en València
Ricard Chulià

El agitador ultra Vito Quiles en uno de sus actos.
De acuerdo al estudio anual sobre inmigración de la OCDE del año 2013, el balance fiscal de la inmigración el saldo entre las aportaciones de los extranjeros a las arcas públicas vía impuestos y cotizaciones sociales, y lo que reciben de contraprestaciones monetarias y servicios públicos en España es positivo. Es algo que no sólo ocurre este país, sino en otro lugares de Europa con un alto porcentaje de población extranjera, como Luxemburgo o Italia. En el caso de España, esto ocurre porque, pese al fraude existente, la inmigración eleva la ratio entre cotizantes y pensionistas y “aumenta los ingresos por cotizaciones, sin que se beneficie más que marginalmente del gasto en pensiones”. De hecho, como recoge un informe del Consejo Económico y Social de España, los inmigrantes suponían solo el 1,5% de las pensiones contributivas.

El balance fiscal de la inmigración en España es positivo. Es decir, los trabajadores extranjeros aportan más de lo que reciben

El economista Juan Iglesias también estudió este fenómeno tras la pandemia de la covid-19. La crisis sanitaria evidenció cómo la población más vulnerabilizada era la que tenía menos protección frente a la paralización de la economía.

Relacionado con este tema
“Sin empadronamiento, no existes”: así funciona la primera barrera para la integración de extranjeros empobrecidos
Emilia G. Morales

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, en Madrid (España) el 16/9/2025.
Diferencias norte-sur
De acuerdo al Censo Anual de Población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023, de los más de 6 millones de personas de nacionalidad extranjera que residían en España aquel año, la gran mayoría –un 70%- se encontraban entre los 20 y los 59 años. Es decir, en edad de trabajar. Realmente, en España la edad laboral tiene una horquilla más amplia: con autorización parental, los jóvenes pueden trabajar desde los 16 años. Además, la edad de jubilación ronda los 65,3 años de media, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por lo general, quienes proceden del extranjero y se asientan en España lo hacen en edad de trabajar. Sin embargo, al comparar las características de quienes vienen de países más empobrecidos o con mayores desigualdades –Sur Global– y quienes proceden de lugares con PIB más altos y de población eminentemente blanca –Norte Global–, se observa una diferencia cuantitativa relevante. En el primer caso, quienes vienen en edad de trabajar suponen alrededor de siete de cada diez personas, mientras que en el caso de los que proceden del Norte Global, esta proporción se reduce a cinco de cada diez.

Relacionado con este tema
No sobran migrantes, falta inversión: las administraciones recortan allí donde más se necesitan servicios públicos
Emilia G. Morales

El turismo masivo es una fuente constante de problemas para la población local.

Flourish logoA Flourish data visualization
No sólo eso, sino que son los ciudadanos de estos países los que engrosan el grupo de ancianos extranjeros en España. Aproximadamente el 29% de ellos tienen más de 60 años. En el caso de los británicos, este porcentaje asciende a la mitad –49,1%– de la población de Reino Unido que vivía en España en 2023. Esto los convierte en el grupo de extranjeros más envejecido del país. En contraposición están los que provienen del sudeste asiático, como los indonesios y tailandeses, que mayoritariamente –entre el 90% y el 86%– tienen entre 20 y 59 años. De todas las personas que migran por razones económicas, los más numerosos son los colombianos, de los que el 77% se encuentra en esta franja de edad. Y, si bien eso no significa necesariamente que lo hagan, muestra una división generacional de la migración.

Estructuralmente, los extranjeros que proceden del Norte Global no contribuyen al sistema de pensiones

Blanca Garcés Mascareñas, investigadora del CIDOB, lo explica de la siguiente forma en su artículo ¿Necesita Europa inmigración?, publicado por La Vanguardia. La inmigración económica, explica, “es consecuencia directa de las necesidades de los mercados laborales de los países de destino”.

Esta demanda de trabajadores para el sector de los cuidados o para trabajos “definidos por las 3D, dirty, dangerous and demeaning” (sucio, peligroso y humillante, en español) ha devenido en estructural. Principalmente, porque la población autóctona en edad de trabajar está disminuyendo a pasos agigantados, y se estima que continuará siendo así en los próximos años. Los jóvenes españoles huyen del mundo rural y aspiran a trabajos mejor remunerados que quienes se dedican a la agricultura, los servicios o los cuidados. De esta forma, la diferencia entre quienes vienen a trabajar y quienes vienen a descansar genera también una división territorial de la inmigración.

División geográfica del trabajo
Solo los separan cinco kilómetros, pero la distancia entre Rojales y Almoradí, ambos en Alicante, desborda el sistema métrico. Se percibe en la arquitectura de sus viviendas, que en el barrio de Ciudad Quesada (Almoradí) –cuya población es eminentemente extranjera– son amplias y, en la mayoría de los casos, están cercadas por amplios patios. En el pueblo de Rojales, en cambio, en vez de chalets, abundan los pisos, y en vez de un campo de golf, cuenta con extensas áreas de huertas donde son empleados muchos extranjeros, principalmente procedentes de Marruecos.

Muchos no quieren inmigración, pero son ellos los que están sacando el campo adelante

“La gente mayor se muere y la gente joven no quiere quedarse”, evidencia un taxista a este periódico mientras conduce por una de las carreteras que conecta un municipio con otro. El hombre cree que, “sólo Ciudad Quesada prospera”, porque “están alquilando mucho Airbnb para los extranjeros”. Mientras tanto, “a la gente mayor [española] la cuidan los ecuatorianos”. Pensativo, mirando el paisaje de huertas verdes, añade: “Muchos no quieren inmigración, pero son ellos los que están sacando el campo adelante”.

Flourish logoA Flourish data visualization
La distancia entre Rojales y Almoradí también se advierte en los sectores económicos más fuertes en estos territorios y en quiénes los sacan adelante. Algo similar ocurre cuando se compara el paisaje de Costa Adeje con el Granadilla de Abona, ambos al sureste de la isla de Tenerife. El ranking de nacionalidades de quienes habitan Adeje la encabezan los italianos, que, según confirma el ayuntamiento, trabajan en el sector turístico.

Pese a provenir de un país europeo, suelen ser inmigrantes económicos que, como muchos latinos y rumanos, son empleados en el sector servicios. Pero no todos los que llegan a Adeje lo hacen en busca de trabajo. Británicos, rusos o alemanes llegan al municipio canario para comprar su segunda residencia.

Por eso, aunque ambos tipos de extranjeros comparten los mismos espacios, sus mundos no se tocan salvo durante las más de ocho horas de su jornada laboral de italianos, rumanos y latinos. Un camarero de origen ecuatoriano, encargado de una de las muchas terrazas situadas a los pies de la playa de Adeje, lo corrobora. “Nosotros no vivimos aquí”. Mucho menos salen de fiesta por esa zona del pueblo, explica. Prefieren otros lugares, más baratos y menos importados, relata el joven. Explica a Público que vino a las Islas Canarias para trabajar y ahorrar algún dinero, pero con el objetivo de estudiar Corte y Confección en algunas de las escuelas que ofertan este ciclo. Sin embargo, “estudiar en la pública es difícil” porque “hay pocas plazas” y en la privada era tan caro que no le “compensaba”. Él y otros muchos inmigrantes económicos llegan a la isla, trabajan una temporada y se marchan a otro lugar. Es decir, no solicitan la prestación por desempleo ni suelen hacer uso de las ayudas para la educación. De esta forma, lo que dejan en la isla supera con creces lo que se llevan.

Precariedad, precariedad, precariedad
“Trabajé nueve meses en un almacén y nunca tuve derecho a paro porque solo cotizaba 15 días del mes que trabajaba”, denuncia María. Eso si las jornadas no se alargaban. En ese caso, “echamos 8, 10 o 12 horas [al día]. Lo que sea necesario”. Del exceso a la carencia, actualmente dice trabajar como envasadora en otro lugar pese a que su contrato es de limpiadora. Las pocas horas por las que está empleada debe complementarlas como limpiadora –esta vez real- en varios hogares de Roquetas de Mar. “Si no, ¿cómo pago mi habitación?”. No queda otra.

En Almería y Murcia, más de la mitad de las personas extranjeras contratadas se dedican al sector agrícola –un 58% y un 74%, respectivamente–, central en la economía de estos territorios. En cambio, en Alicante y Santa Cruz de Tenerife, se dedican al sector servicios –61,83% y 90,35% –. Este periódico ha detectado la correlación entre el origen del grueso de los extranjeros que residen en cada uno de estos municipios y los sectores en los que son empleados mayoritariamente. En las provincias con un elevado número de extranjeros procedentes de América Latina y Europa del Este, la mayoría de los inmigrantes son contratados en el sector servicios, mientras que en los casos donde hay un mayor número de personas que proceden de África, destacan los trabajos en el sector agrícola.

María no quería denunciar porque “cualquier cuestión legal” podría complicar su proceso de regulación

Ambos sectores, especialmente el agrícola, ofrecen condiciones laborales críticas que, según relató a Público María, llegan a ser violentas. “Me trataban remal, me tiraban las cajas así [hace un gesto como si estuviera volcando el contenido de una caja al suelo]. Y conste que no soy de piel oscura”, aclara. Denunciar era el último de sus planes. Para empezar, porque cree que “cualquier cuestión legal” puede dificultar posteriormente su proceso de regularización.

Además, el ámbito de los servicios y el de la agricultura es el que acumula mayores tasas de fraude laboral. Fuera de la estadística está la realidad laboral de quienes ni siquiera acceden a un contrato laboral.

En Roquetas de Mar se encuentra la comunidad rumana más grande de España. Muchos de ellos llegaron a España a finales de los noventa y principios de los dos mil, como consecuencia de la fuerte crisis económica que vivió el país tras la caída del bloque comunista en Europa. “Para mí, fue muy difícil”, dice Alina. Sentada frente a su negocio, un pequeño supermercado de productos rumanos, repasa fugazmente las más de dos décadas que lleva viviendo en la Península. Al principio, allá por 2004, “sólo trabajaba mi padre por 700 euros”. Las cuentas difícilmente salían, porque eran cinco. Poco a poco la cosa mejoró, “porque una familia de ancianos españoles nos ayudó” a encontrar trabajo.

Ayudó que en 2007 Rumanía entrara en la Unión Europea. Aquello flexibilizó los trámites burocráticos para quienes procedían del país europeo y facilitaba su acceso a visados, lo que terminó por mejorar las condiciones de vida de quienes venían a España. El de Alina no es el único negocio rumano del barrio. A dos calles se encuentra el Bar Livia, donde se pueden comer platos típicos rumanos. La mujer que está tras la barra y que da nombre al bar, llegó de Rumanía a Almería en el año 2014.

Los extranjeros que vienen ahora, Dios me libre, no sé cómo lo hacen

El proceso de adaptación fue difícil, aunque no lo recuerda especialmente traumático. Y si bien el empadronamiento ya era un requisito indispensable para regularizar su situación, el acceso a la vivienda no era tan complicado como en la actualidad. “Los que vienen ahora, Dios me libre, no sé cómo lo hacen”, lamenta la mujer.

La subida del precio del alquiler, la dificultad para quienes provienen de ciertos países –por ejemplo Marruecos y Argelia– para acceder a visados, y “la dependencia estructural resultado de un mercado laboral segmentado con una alta oferta de puestos de bajas cualificaciones”, explica Garcés, “pone a la población migrante en una situación de extrema precariedad”. Según recoge en su artículo la investigadora, los ingresos salariales medios de quienes vienen de América Latina son un 37% menos que en el caso de los españoles, un 34% en el de los africanos y un 17% en el de los europeos. Aún así, las aportaciones a las arcas públicas que hacen por consumo y cotizaciones siguen estando por encima de lo que reciben en términos de ayudas.