En la Unión Europea hay muchas sensibilidades e intereses, sobre todo por cuestiones políticas y geográficas. En casi cada tema, parece que cada grupo parlamentario y cada Estado miembro tiene una posición distinta, cosa que muchas veces acaba paralizando o ralentizando el correcto funcionamiento del bloque comunitario. Sin embargo, una de las pocas cuestiones en que la gran mayoría de Estados miembros tienen un consenso es en la voluntad de continuar endureciendo todas las normativas contra la entrada de personas migrantes y refugiados.

El último caso es el de Portugal. El Gobierno conservador ha pactado esta semana con el partido de ultraderecha Chega un endurecimiento de los requisitos y los tiempos de espera para conseguir el pasaporte luso. Además, la reforma legal también prevé restringir los visados de búsqueda de empleo y la posibilidad de que los brasileños regularicen su situación tras haber llegado con visado de turista. Y quiere limitar además la obtención de la ciudadanía por parte de los hijos migrantes nacidos en Portugal. Un conjunto de medidas que, según avisa el primer ministro portugués, Luís Montenegro, solo es un primer paso contra las iniciativas migratorias que pretende llevar a cabo, ya que no tiene mayoría parlamentaria y necesita a los ultras.

Aunque en general la derecha, juntamente con la extrema derecha, es la que más endurece las políticas contra los migrantes, no es la única. Por ejemplo, en el Estado miembro más grande e influyente de la Unión Europea, Alemania, fue el excanciller socialdemócrata Olaf Scholz quien dio el primer paso para restringir la entrada de migrantes en el territorio. Scholz aprobó la instalación de controles en todas sus fronteras para, teóricamente, luchar contra la entrada de migrantes que se encuentran en situación irregular. Esta medida, que atenta directamente contra la libertad de movimiento dentro del espacio Schengen, contrasta, por ejemplo, con las políticas de acogida de refugiados que desplegó su predecesora, la conservadora Angela Merkel.

Después de Scholz, el actual canciller, el conservador Friedrich Merz, ha continuado endureciendo las políticas migratorias e incluso el discurso. En este sentido, la semana pasada hizo unas declaraciones muy polémicas y aseguró que veía como un “problema” el “paisaje urbano” en relación a las personas migrantes que viven en Alemania. Preguntado por si creía que se trataba de unas declaraciones racistas, el líder germánico insistió. “Si tiene hijas, pregúntele a ellas qué podría haber querido decir con esto. Supongo que obtendrá una respuesta bastante clara y concisa”, respondió.

La segunda economía de la UE, Francia, también ha complicado aún más a los inmigrantes regularizar su situación. Entre otras, el país galo aprobó varias reformas legales para pedir más papeleo a los inmigrantes y aprobar un examen de lengua francesa. También quedarán excluidos del proceso de regularización toda persona de origen extrangero que suponga, según las autoridades francesas, una amenaza para la seguridad pública. Un concepto muy amplio y que deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones.

Otro de los países de la UE que ha tomado medidas inéditas es Polonia. Ya no gobierna la extrema derecha y, sin embargo, el expresidente del Consejo Europeo y actual primer ministro polaco, Donald Tusk, suspendió de forma temporal el derecho de asilo en su país para, teóricamente, evitar la “instrumentalización de la inmigración” que hace Rusia y Bielorrusia, que la utilizan para realizar una “guerra híbrida” contra la Unión Europea.

Los campos de migrantes fuera de la UE
La ola antimigratoria que arrasa en todo el continente ha hecho que la Unión Europea incluso se plantee la idea que, hasta hace poco, Bruselas aseguraba que vulneraba el derecho humanitario e internacional: la creación de campos de internamiento fuera de la UE para expulsar hasta allí personas migrantes que viven de manera supuestamente irregular en territorio comunitario. Aunque al principio parecía imposible que contara con el apoyo del global del club europeo, cada vez son más los países que lo ven con buenos ojos e incluso la Comisión Europea de Ursula von der Leyen presentó una propuesta legislativa para permitir que los gobiernos estatales puedan llevar a cabo estas expulsiones.

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La idea de Meloni, que de momento ha resultado ser un fracaso total por motivos legales, logísticos y económicos, no solo ganó adeptos en la extrema derecha europea, como el anterior gobierno de los Países Bajos, sino también en la socialdemocracia. El caso más evidente es el de Dinamarca, gobernado por la socialista Mette Frederiksen, una de las voces más contrarias a la llegada de migrantes a la UE y que con más entusiasmo acogió el plan de la primera ministra italiana.